La alcaldesa de Lena declara como investigada por la permuta de La Ería

Fue en febrero de 2018 cuando la Fiscalía del Principado pidió investigar la operación urbanística ante el juzgado. Apreció entonces la comisión de dos posibles delitos, prevaricación y malversación, en la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Lena y la empresa Asturiana de Laminados (Asla). Con esta actuación, el Consistorio lograba la superficie de La Ería que precisaba para la construcción del nuevo centro de salud de Pola -tras su cesión al Principado- y la sociedad obtenía los terrenos del polígono de Villallana para ampliar sus instalaciones. Ahora, EL COMERCIO ha podido saber que la alcaldesa del concejo, Gema Álvarez (IU), declaró el pasado septiembre como investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lena, donde se incoaron las diligencias previas.

No fue la única persona que tuvo que testificar en sede judicial por esta operación. Según ha confirmado la Fiscalía del Principado, también lo hizo en calidad de investigado el presidente de la empresa Asturiana de Laminados, Macario Fernández; así como el arquitecto municipal y los dos peritos que hicieron la valoración de la parcela objeto de la permuta.

La alcaldesa de Lena aseguró ayer estar «muy tranquila» ya que la operación se hizo con todos los informes favorables de la secretaria municipal y del arquitecto. «Se trata de una más de las denuncias que se interpuesieron con anónimos y que una a una han sido archivadas por la justicia», manifestó apuntando a una clara motivación política. «Y ahora sale esto, cuando el centro de salud va a ser una realidad para los vecinos de Pola, parece que alguien no le gusta que se hagan las cosas en el concejo», criticó. Restó importancia a que ahora se encuentre en calidad de investigada en la causa judicial abierta, «algo que también ocurrió en las otras y todas se fueron cerrando».

Por su parte, el ministerio público estima que pudo haber un perjuicio patrimonial presuntamente causado al Ayuntamiento por incrementar el precio del suelo de La Ería e infravalorar el de Villallana arbitrariamente, a través de una tasación privada encargada a posteriori y al objeto de eludir la subasta pública. Según informó en su momento la Fiscalía, la correspondiente denuncia se presentó tras, tal y como critica la regidora, recibir un escrito anónimo con documentación adjunta y advertir, tras la práctica de las pruebas oportunas, que existían indicios de delito en los hechos investigados.

La causa podría acabar con la apertura de juicio oral o con el archivo, tal y como vaticina Álvarez. Fue la alcaldesa quien desvelaba en julio de 2017 la operación urbanística, que fue llevada en el «más absoluto secreto» para que no se viera malograda. La empresa Asturiana de Laminados (Asla) fue capaz de comprar los terrenos necesarios de entre un total de doce propietarios para el centro de salud de Pola. A cambio recibía del Ayuntamiento el terreno en el polígono de Villallana para su ampliación.

El presidente de Asla declaró en su momento que no se había llevado un euro con esta operación, pero el juzgado cuenta con un informe independiente sobre la valoración de las parcelas cuyas cifras distarían mucho de las manejadas.