Anulada la licitación del Ecomuseo de Samuño

Los socialistas relataron ayer que «analizamos el expediente y se nos plantearon muchas dudas sobre el procedimiento seguido»

M. V.

Domingo, 9 de octubre 2016, 02:07

El Ayuntamiento de Langreo sacó a licitación, el pasado 26 de septiembre, la gestión del Ecomuseo de Samuño. Lo hizo por un periodo de dos años ampliable a otros dos. Sin embargo, ayer el grupo municipal socialista del Consistorio anunció que dicha licitación fue anulada «por no cumplir los requisitos que exige la ley». El proceso ya estaba iniciado y las empresas podían presentar sus ofertas.

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Los socialistas relataron ayer que «analizamos el expediente y se nos plantearon muchas dudas sobre el procedimiento seguido». Unas dudas, dicen, que «fueron ratificadas por los servicios juridicos municipales al constatar que no se ha seguido el procedimiento administrativo necesario para su publicación». El único conocimiento que la oposición tenía se remonta a una Comisión del mes de julio en la que se acordó «debido a la importancia del asunto» que el proceso «se abordaría en posteriores reuniones». Sin embargo, «no se celebraron».

La principal razón de dicha anulación, reconocida según el PSOE por el equipo de gobierno, es que el pliego de condiciones no ha sido aprobado de ninguna de las tres forma que son posibles por la Administración. Es decir, en la Junta de Gobierno, por resolución de Alcaldía o en el pleno. Pero, además los socialistas ratifican que tampoco cuenta el proyecto con «los informes técnicos necesarios».

Un traspiés que se espera solucionar en el pleno extraordinario que se celebrará el jueves 13 de octubre. En el orden del día se ha incluido la aprobación del pliego de condiciones administrativas y técnicas para la contratación de gestión, explotación, conservación y mantenimiento del Ecomuseo del Valle de Samuño.

Esta anulación se suma a las quejas manifestadas por la actual empresa gestora de este equipamiento Tragsa, cuyo comité de empresa expresó su «total oposición y rechazo a la medida tomada por el Ayuntamiento, gobernado por un partido político supuestamente progresista y de izquierdas y que debería velar por los derechos de la clase trabajadora y que no subroga los puestos existentes».

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