El alcalde de Aller, citado a declarar ante el juez por otro caso de prevaricación

Al alcalde de Aller se le acumulan los problemas con la justicia. A la investigación judicial sobre las subvenciones a la asociación deportiva que gestiona el polideportivo de Moreda y a la acusación de la Fiscalía por las retribuciones al personal municipal, se suma ahora otro posible caso de prevaricación, de índole urbanística. Y es que el juez ha citado a declarar a David Moreno como imputado en relación con una licencia de primera ocupación que el Ayuntamiento concedió a un inmueble en la capital del concejo de forma presuntamente irregular.

Será el próximo 25 de septiembre cuando Moreno deba emprender de nuevo el camino a los juzgados junto al aparejador municipal y el de la constructora Provinor, promotora de la urbanización, situada en la avenida de la Constitución de Cabañaquinta y paralizada desde 2009.

Una semana después, el 2 de octubre, el juez ha citado también a otras personas relacionadas con el caso, como el arquitecto de la empresa. La demanda la lleva el abogado Pablo García Vallaure,

La urbanización está integrada por una edificación constituida por tres bloques de viviendas y espacios comunes como una piscina y otras instalaciones deportivas de las que sólo llego a ejecutarse el primero de los edificios, y de forma incompleta, antes de que la empresa detuviera los trabajos y se declarase en concurso de acreedores.

A pesar de que la obra nunca finalizó, el Ayuntamiento concedió una licencia de primera ocupación a principios de 2011 para la parte que estaba más avanzada. Aunque algunos vecinos comenzaron a instalarse en sus casas, la licencia tuvo que ser revocada por una sentencia judicial promovida por otro grupo de compradores disconforme con el estado que presentaba la propiedad. El actual regidor presidía por entonces la Comisión Municipal de Urbanismo.

Ahora se dirime si la resolución se dictó a sabiendas de que el edificio estaba inconcluso y eso conlleva alguna responsabilidad. La parte demandante cree que la empresa pudo presionar debido a su situación económica para «deshacerse del pasivo», cerrar las ventas de las viviendas y conseguir liquidez.

El bloque construido cuenta con algo más de una treintena de pisos, que supusieron una inversión inicial mínima de 25.000 euros para cada propietario.