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Miguel Coya, Luis Venta y Rafael Alonso, ayer, ante el embalse de Tanes.

El Partido Popular de Caso plantea salir del Parque Natural de Redes

El portavoz Miguel Coya cree que el instrumento de gestión no ofrece beneficios y Luis Venta se compromete a cambiarlo si el PP gobierna en Asturias

RUTH ARIAS

Sábado, 9 de agosto 2014, 00:36

«Sólo pagamos los problemas de las restricciones a las que nos obliga estar en un territorio protegido, es más favorable salirse», afirma el portavoz del PP casín, Miguel Coya. El popular destaca que el municipio aporta el 80% del territorio del Parque Natural de Redes y exige tener la misma proporción en la representación, tanto «en efectivos humanos como en medios y dinero».

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Durante una visita a Tanes realizada ayer junto a diputado autonómico Luis Venta, Coya planteó la posibilidad de que Caso salga de Redes y tenga «otro parque o directamente nada». En este sentido criticó el nuevo Instrumento de Gestión Integrada (IGI), que calificó de «instrumento político», y recordó cómo «se modificó para hacer una circunvalación prohibida a los márgenes de un pantano mientras las carreteras a Infiesto o Tarna son un auténtico camino de cabras».

Modificación del IGI

Antes de que Coya verbalizase esta propuesta, el diputado Luis Venta se había comprometido a modificar el IGI en el caso de que su partido llegue a gobernar en el Principado, por considerar que el documento es «un timo a los ganaderos», a quienes se castiga con restricciones, pero no se les ofrece ningún tipo de ayuda a cambio. Venta criticó que las aportaciones económicas a las que los ganaderos de Redes tienen derecho son exactamente las mismas que las que tendrían si se ubicasen en cualquier otro municipio asturiano.

También criticó que se niegue «caprichosamente» el uso lúdico y recreativo de los pantanos al mismo tiempo que el texto permite la construcción de una minicentral eléctrica o una presa en Caleao, o que se inviertan «14 millones en colectores y se estén virtiendo aguas fecales directamente al pantano».

Venta considera que el instrumento de gestión limita las posibilidades económicas de la zona y castiga a los posibles inversores además de a los ganaderos.

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