A los corruptores les penaliza más defraudar a Hacienda

En Asturias se castiga más defraudar al fisco que corromper a funcionarios y políticos. En determinados casos, la evasión de impuestos acarrea incluso penas superiores que las que se llevan quienes han acabado con la vida de otro. El 'currículum' penal de Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez al menos así lo apunta.

El fallo conocido ayer impone a los empresarios de Igrafo y APSA seis años y medio de cárcel para cada uno, al considerar probado que cometieron delitos de falsedad, cohecho y fueron cooperadores necesarios en la malversación de caudales públicos. Es decir, en este proceso se les castiga por invertir una millonada en agasajar al consejero, la directora general y la jefa de servicio, financiándoles viajes, joyas y obras a cambio de contratos, en ocasiones, ficticios.

Lo descrito es solo la mitad de su historia. Cuando la magistrada-juez Ana López Pandiella ordenó registrar las sedes de ambas empresas del material de oficina, lo hizo con equipos a los que incorporó a especialistas de la Agencia Tributaria. Los peritos desnudaron la contabilidad de las mercantiles y, llegado el momento, pidieron permiso para utilizar ese material en otros procesos paralelos. Entendieron que los empresarios venían reduciendo su cuota tributaria pasando como gastos operativos todo ese dinero utilizado en sobornos. Según el criterio del fisco, en realidad esos regalos no tenían nada que ver con el trabajo de Igrafo y APSA y, por tanto, no cabía deducírselo. Por ello, abrieron inspecciones y recalcularon cuántos impuestos habían dejado de pagar por no tributar los sobornos.

En el proceso por su delito fiscal, Alfonso Carlos Sánchez fue condenado a siete años y nueve meses de prisión por evadir tributos del IVA y de sociedades. Es un año y tres meses más de lo que ahora se le impone por intentar comprar voluntades en las consejerías de Educación y Administraciones Públicas. La pena resulta también superior a los seis años que se llevó Tomás Rodríguez Villas, alias 'Tomasín', por matar a su hermano en Tineo en 2011. La condena al dueño de la desaparecida APSA es firme y está pendiente de ejecución. Eso sitúa a Sánchez como el único de los condenados en el proceso principal al que le constan antecedentes penales, lo que reduce sus opciones de eludir el ingreso efectivo en prisión.

Muñiz, por su parte, está pendiente de ser juzgado por segunda vez por su delito fiscal, tras resultar anulado el primer juicio por un defecto de forma. En ese proceso el abogado del Estado propone su condena a ocho años de prisión.