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R. MUÑIZ
GIJÓN.
Domingo, 28 de agosto 2022, 03:25
Sobre el papel el Ministerio de Transportes insiste en que su apoyo a los corredores Mediterráneo y Atlántico es igual, que ambos son proyectos de país y que en la mejora de ambos ejes vuelca al misma energía. Luego hay diferencias significativas.
En julio de 2018 el Gobierno central, «en coordinación con la Generalitat de Valencia», nombró a Josep Vicent Boira como «comisionado del desarrollo del Corredor Mediterráneo». En aquel acuerdo se determinó «fijar en Valencia la delegación permanente para el seguimiento y coordinación del Corredor», según anunció el Gobierno central.
Orgánicamente la oficina depende de Adif, que además de a este catedrático en Geografía designó coordinadores adjuntos de Servicios y Explotación, y de Infraestructuras y Relaciones Institucionales. La labor del comisionado consiste en supervisar las inversiones, informar de los avances, presionar cuando no se consiguen. Sus posicionamientos públicos son libres y críticos con todo lo que ponga en duda o dilate las variantes de trazado y el avance de las vías de ancho internacional.
Cuatro años lleva cumpliendo esa función, con intervenciones en foros internacionales. El último informe de gestión de Adif señala que su mayor aportación «es sin duda el diálogo con grupos de interés», con 184 reuniones celebradas con empresas, patronales, sindicatos y otros colectivos que también empujan por las inversiones ferroviarias de esa fachada.
El Corredor Atlántico, por contra, carece de esa figura de referencia, cuestión que solo ha preocupado en Galicia. En diciembre de 2020 el parlamento autonómico de la comunidad vecina aprobó por unanimidad una proposición no de ley reclamando igualdad de trato respecto al Corredor Mediterráneo y el «inmediato» nombramiento de un comisionado del gobierno. En marzo de 2021 el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se reunió con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y se comprometió a cumplir la petición. Más de un año después sigue pendiente.
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