Coronavirus | Renta mínima directa y servicios sociales a domicilio para las familias y colectivos vulnerables

La integran profesionales de Trabajo Social de todo el país. Es la 'madre' del mayor elemento de control de funcionamiento de la Ley de la Dependencia, el Observatorio de la Dependencia. Y ahora, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hace público un decálogo con medidas para «paliar las consecuencias del coronavirus en personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables».

Diez peticiones para el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se resumen en el pago inmediato «de las rentas mínimas de inserción y las ayudas de emergencia» y la conversión de la red de servicios sociales municipales para «asegurar las prioridades y el funcionamiento de las atenciones domiciliarias».

En un comunicado que firma su presidente, José Manuel Ramírez, se recuerda que «la red de servicios sociales, con medio millón de profesionales, atendemos en sus domicilios o en centros residenciales a personas y colectivos especialmente vulnerables». Precisamente, el tamaño de esa red permite «conocer la situación que viven estas personas y las necesidades materiales y de convivencia en que se encuentran por las medidas decretadas» ante la declaración de estado de alerta por la pandemia de coronavirus.

Por ello, solicitan al Gobierno central «financiación excepcional a toda la red de servicios sociales» con, al menos, «una partida de 400 millones, añadidos a los 25 ya aprobados por el Consejo de MInistros del 12 de marzo para la protección de familias y atención a la pobreza infantil».

Un dinero necesario para «ampliar las atenciones y servicios domiciliarios», así como «la plantilla de la red básica de los servicios sociales».

En esa línea, plantean la «reordenación» de la red de servicios sociales, para que se vuelque en la concesión de ayudas y atención domiciliaria. «Se deben destinar los recursos a las personas con mayor grado de dependencia», que necesitan «más cuidados, como limkpieza, higiene, alimentación y cambios posturales»,

Proponen «prestar servicios de compras y otros, para evitar la salida del hogar», y aumentar «la oferta de comidas a domicilio», así como «el contacto a través de la teleasistencia», para asegurar «la tranquilidad y seguridad de estas personas en sus domicilios».

En cuanto a las ayudas directas a las familias, pide la Asociación «ampliar la dotación de las rentas mínimas y las ayudas de emergencia», además de «agilizar su concesión. Los cuidados y la alimentación de los menores en situación económica extremadamente precaria puede resultar imposible si no se agilizan estas ayudas».

También plantean el ingreso hospitalario «en los propios centros de mayores», garantizar «el funcionamiento de todos los centros residenciales de servicios sociales», asegurar «atenciones básicas y sanitarias a las personas sin hogar».

De hecho, se concluye que el Gobierno «debe disponer de toda la red de centros y servicios sociales en manos del tercer sector y del ámbito empresarial» para «sumarlos a los de las administraciones públicas».

Una propuesta a la que se suma el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, que se reclama «apoyar al tejido social en situaciones de vulnerabilidad», y piden que «las personas que tengan conocimiento de situaciones de desatención, lo comuniquen en los servicios sociales municipales de su localidad.