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Un resquicio de esperanza permanecía abierto para la hostelería asturiana con la interpretación del nuevo decreto de medidas aprobado por el Gobierno del Principado para las fiestas navideñas. Consideraban desde Otea que la ampliación de los grupos de personas a un máximo de ... diez «en espacios de uso público o privado» durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como los días 1 y 6 de enero, era perfectamente aplicable a sus establecimientos, especialmente a la terrazas, como espacios de uso público. Una interpretación del decreto que hicieron llegar este lunes al Ejecutivo regional que tardó únicamente unas horas en tumbar la interpretación hostelera y rechazar su petición.
Los servicios jurídicos de Otea consideraban que la excepción recogida en el artículo 6 del Decreto 34/2020 respecto a esa ampliación de personas era extrapolable al sector y, por tanto, «el número máximo de personas por mesa en estas fechas podrá ser de diez». Una medida que también implicaba la ampliación del horario del toque de queda para garantizar que esas reuniones pudiera celebrarse con un margen suficiente de regreso a los hogares. Sin embargo, desde el Gobierno regional echaron por tierra la argumentación hostelera. Apelan para ello a que el propio decreto del día 11 de diciembre, que conteempla esa «adopción de medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en el marco del estado de alarma, en las fiestas navideñas» recoge una disposición adicional que remite, explican, «a la decisiones de la autoridad sanitaria vigentes o que pueda adoptar, y muy en particular en los ámbitos de comercioo, hostelería, restauración o equipamientos culturales». Una disposición que, por tanto, recalca la Administración asturiana «deja indemne el número de personas por mesa fijado». Por tanto, los hosteleros se quedan en estas fechas con un número máximo de comensales de cuatro por mesa.
Principado y Otea mantienen un duro pulso en las últimas semanas. Tras la decisión de cierre de los establecimientos hosteleros, que se hacía efectiva el 4 de noviembre prologándose hasta el pasado lunes 14 de diciembre, los desencuentros han ido en aumento. El presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida cargó duramente en varias ocasiones contra las restricciones impuestas al sector, calificando estas últimas que fijaban la reapertura de «cierre encubierto» y de ser «más restrictivas que las del 1 de noviembre». Tenía claro Almeida que «las medidas del Principado no son una reapertura, sino un cierre encubierto que aboca a muchos de los pequeños hosteleros a un cierre definitivo, el económico». Una afirmación que parece se está confirmando con la baja afluencia de clientes en estos dos primeros días de apertura y también por la escasez o nula reserva para las fechas más señaladas de las navidades. También había criticado el presidente de Otea a la consejera de Turismo, Berta Piñán, y la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, a las que acusó de no defender al sector durante las tensas reuniones previas para fijar esas condiciones de reapertura.
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