Sánchez aprueba hoy el estado de alarma; Asturias se prepara para el toque de queda

Mucho de lo vivido ayer recuerda a marzo. No al día 14, sino a la semana anterior. Los contagios comenzaban a dispararse y Moncloa lanzaba discursos contradictorios: los llamamientos a la calma y los que empezaban a anestesiar el imaginario colectivo ante posibles confinamientos. Y hoy, como si fuera aquel 14 de marzo, se vuelve a estar en vilo ante un Consejo de Ministros extraordinario convocado para las 10 horas. Sobre la mesa está la declaración de estado de alarma aunque, a priori, no en los mismos términos que los de entonces. Una de las diferencias, que no es baladí, recae en la gestión, que no será un mando único, sino que serán las propias comunidades autónomas las que mantendrían las competencias sanitarias.

Salvo que el Gobierno central decidiese, datos de incidencia en mano, que este fuera de aplicación en todo el país, únicamente vendría a dar seguridad jurídica a las comunidades que hasta ahora lo han solicitado: País Vasco, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra y Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Melilla. Y Asturias. El Gobierno regional lo solicitó ayer, pero su batalla viene de lejos. En las últimas semanas, la Consejería de Salud y el propio presidente, Adrián Barbón, han venido presionando al Ejecutivo de Pedro Sánchez en varias direcciones: la necesidad de la adopción de unos criterios comunes -que se tradujo la semana pasada en los conocidos como 'semáforos' epidemiológicos-, y de que hubiera una uniformidad en las medidas.

Por ejemplo, desde el Ejecutivo autonómico siempre ha preocupado que las restricciones aquí, sin existir en las regiones vecinas, pudieran mitigar los efectos. Todo ello atravesado por otra cuestión polémica: las PCR. Asturias sube en número de contagios, pero con un tasa de realización de pruebas por habitante muy por encima de la media. En cambio, la curva en la Comunidad de Madrid ha sido irregular, como lo han sido los casos notificados, con numerosas fluctuaciones.

En cualquier caso, los números están ahí. Ayer, «los peores datos de toda la pandemia. Por eso hemos solicitado al Gobierno de España que declare el estado de alarma en Asturias», subrayó Adrián Barbón. Esas cifras fueron: 381 nuevos casos, 69 ingresos hospitalarios en planta y 9 en UCI. La tasa de positividad se situó en el 9,87%, esto es, el número de casos en relación a las PCR realizadas que sumaron 3.859. Para darle contexto, el sábado 17 de octubre, hace tan solo una semana, la Consejería de Salud informaba de que la tasa de positividad se situaba, durante esa jornada, en el 5,59%, tras haberse realizado 3.703 pruebas PCR. ¿Por qué el estado de alarma? El presidente asturiano lo recordaba ayer: «Para controlar la expansión del virus, doblegar la curva y salvar vidas. Solo así evitaremos un nuevo confinamiento en las casas».

De momento, y a la espera de lo que acuerde el Consejo de Ministros, ayer entraron en vigor las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico el viernes. Básicamente, los cierres perimetrales de Gijón, Oviedo y Avilés, el cierre de la hostelería a las 23 horas, y de los comercios a las 22. Pero una que el Principado considera básica quedó en el aire: el toque de queda, de 0 a 6 horas. Por lo pronto, se ha pedido una valoración jurídica al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para poder decretarlo. Pero se espera que este punto quede resuelto con la declaración del estado de alarma. Un aspecto que se ha tornado de vital urgencia para frenar la pandemia. Asturias no ha estado sola en esta batalla. Varias comunidades llevan semanas quejándose de la dificultad que encuentran a la hora de imponer medidas restrictivas, ya que quedan al criterio de los diferentes tribunales superiores de justicia, que han permitido unos confinamientos y tumbado otros.

A principios de este mes, la Justicia rechazó las medidas impuestas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que restringían la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital. El mismo muro se encontró el Ejecutivo de Urkullu este jueves cuando el Tribunal Superior de Justicia Vasco no autorizó la limitación a seis personas de las reuniones sociales públicas y privadas. Por ello, las comunidades buscan en la declaración del estado de alarma que se garantice la cobertura legal a esos toques de queda.

Y todo esto nos hace volver a aquellos paralelismos, los de marzo. Hoy el estado de alarma será el único punto en el orden del día en Moncloa. El Gabinete de Pedro Sánchez al completo estaba avisado desde el viernes de que debía estar «localizado» durante el fin de semana por si el presidente decidía pulsar el botón rojo como finalmente así ha sido. Antes de poner rumbo a Roma, donde ayer fue recibido en audiencia por el papa Francisco, Pedro Sánchez se asomó a las pantallas de los españoles con un rictus similar al del pasado 14 de marzo cuando compareció para anunciar el estado de alarma en todo el país ante la irrupción virulenta del coronavirus.

El jefe del Ejecutivo reconoció la «gravedad» de la situación una vez superado el millón de contagios y abonó el terreno para volver a poner en marcha el mecanismo de excepción en caso de que la situación en los territorios fuese «extrema». «Nos esperan meses muy duros», justificó.

Moncloa quería dar algo de tiempo para ver cuántas comunidades lo pedían, incluso esperar a la Conferencia de Presidentes de mañana. Pero la abrumadora respuesta, con diez líderes regionales reclamando la activación de la herramienta constitucional terminó por precipitar las cosas. Todas ellas con dos denominadores en común, ninguna está gobernada por el PP, y todas, al igual que desde ayer en Asturias, ya están aplicando sus propias medidas para frenar esta segunda ola del coronavirus.

De rubricarse, lo que parece fuera de toda duda, será el cuarto estado de alarma que se apruebe en democracia. Lo hará por un periodo de 15 días, aunque el Gobierno ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos, lo que le garantizaría una eventual prórroga en el Congreso por otros 15 días. Lo que Moncloa sigue sin aclarar es si se aplicará a nivel nacional o solo para aquellas comunidades que lo hayan reclamado.

El estado de alarma no es sinónimo de confinamiento. De hecho, se insiste desde el Gobierno regional en que las medidas que entraron en vigor ayer, amplificadas con al paraguas legal que daría el estado de alarma, buscan precisamente lo opuesto: evitar otro encierro domiciliario. Es más, Pedro Sánchez insistió en esa apelación a la responsabilidad individual, limitando los movimientos y los contactos sociales, para eludir un nuevo confinamiento.

Las medidas aprobadas el viernes por el Ejecutivo regional van en esa línea. En su primera jornada de aplicación, generaron incertidumbre y confusión, principalmente en las ciudades afectadas por los cierres perimetrales, Oviedo, Gijón y Avilés. Ya se sabe, eso de «entonces, ¿esto puedo hacerlo o no?», que tanto recuerda a las fases de la desescalada. Pero más allá de percepciones subjetivas hay otras que son objetivables. Por ejemplo, el volumen de tráficos en los accesos por autovía a los principales núcleos urbanos.

En el caso de Oviedo, el máximo se registró a las 14 horas, con tan solo un 4% de ocupación a la altura de la salida 25 de la A-66. No obstante, durante toda la jornada se movió entre el 2% y 3%. En el caso de Gijón, si tomamos como referencia la entrada por El Llano desde la A-8, el máximo fue del 2%, con 450 vehículos en su hora punta. Lo que sí comenzó a verse, también en las salidas de Avilés, es un mayor control policial, de momento de carácter informativo puesto que no está previsto que las sanciones empiecen hasta mañana.

Si en esos puntos no había grandes colas de vehículos, dos puntos, bien diferentes sí concentraron caravanas. El punto autocovid situado en el campus de Viesques de Gijón, y el acceso al centro comercial de Parque Principado. Una imagen chocante puesto que, a la reducción del aforo al 30% se suma su ubicación, Siero, innaccesibe para los habitantes de Oviedo, Avilés y Gijón, cerrados perimetralmente.