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M. SÁIZ-PARDO / Á. SOTO
MADRID.
Sábado, 19 de junio 2021, 05:56
El próximo sábado las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios públicos exteriores siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad con otras personas. Pedro Sánchez, tras varios días de incertidumbre y controversia con algunas comunidades, anunció ayer finalmente que el ... jueves 24 de junio se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para reformar la normativa actual, de modo que esta prenda deje ser obligatoria en la calle -salvo excepciones- a partir del 26.
La esperada noticia puso punto final al torrente de conjeturas desatado después de que el propio presidente, el miércoles, afirmara que «pronto» la mascarilla iba a dejar de estar presente. Moncloa -explicaron fuentes del Gobierno- decidió reservar al jefe del Ejecutivo el importante anuncio debido a que la abolición de la protección bucal, aunque lleva semanas encima de la mesa en los encuentros entre Sanidad y las comunidades, es competencia exclusiva de la Administración central.
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En ese Consejo de Ministros extraordinario se dará luz verde a la reforma de la conocida como ley de la nueva normalidad (Ley 2/2021de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid), que es la que fija desde el pasado marzo la obligación del tapabocas en todo espacio público.
La flexibilización en el uso de la mascarilla se limitará a los espacios exteriores. Aunque algunas comunidades, como Madrid, abogaban por estudiar el fin de este elemento de protección durante los recreos o en las actividades deportivas que se realizan al aire libre, los colegios deberán esperar a la evolución de los indicadores de la pandemia y al inicio de la vacunación de los adolescentes de entre 12 y 15 años, prevista para septiembre. «Las mascarillas han sido esenciales para mantener la salud en las aulas y cuesta pensar que vamos a prescindir de ella», dijo hace dos semanas la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Esa normativa fue la que las comunidades y Sanidad acordaron en abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) «flexibilizar» (en la práctica, incumplir parcialmente) para permitir prescindir de la protección en playas, piscinas y otros lugares de asueto de medio acuático. Aquel ardid, el de usar el Interterritorial para dar luz verde a soslayar una ley abiertamente, fue (y es) muy criticada por los servicios jurídicos del Estado.
Sanidad y Moncloa quieren evitar ahora un nuevo «parche» y por eso pretenden aprobar una reforma «ortodoxa» de la Ley 2/2021. El hecho de que el Gobierno haya convocado un consejo extraordinario para el jueves y no aproveche el ordinario de los martes tiene su motivo. El Ejecutivo quiere discutir los detalles de la nueva normativa sobre mascarillas con las autonomías, tanto el mismo martes en la Comisión de Salud Pública como el miércoles en el CISNS.
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E. PANEQUE | M. SUÁREZ
A priori, los servicios jurídicos del Estado creen que bastaría con la aprobación de un real decreto-ley, que requerirá el refrendo del Congreso en los 30 días siguientes. En ese texto habría que retocar la redacción, «al menos», del artículo 6, que fija la obligatoriedad sin excepciones de la protección para todos los mayores de seis años que se encuentren «en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público». En realidad, explican los juristas, sería retrotraer la normativa a mayo de 2020, cuando se fijó la obligatoriedad de la protección en espacios exteriores siempre que no se pudiera guardar la distancia.
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A grandes rasgos, la propuesta que los expertos del departamento que dirige Carolina Darias quieren hacer a las autonomías es que la protección facial en espacios públicos exteriores solo sea obligatoria cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad (queda por establecer si sería 1,5, 2 metros o más) con personas no convivientes o que no pertenezcan a «la burbuja social más cercana». El texto en el que trabajan codo con codo los servicios jurídicos y los expertos de Salud Pública probablemente introduzca varias excepciones en las que, a pesar de estar en exteriores y con distancia, siga siendo obligatoria la mascarilla.
A partir de hoy y hasta el jueves, Sanidad pretende volcarse en convencer a las comunidades más reacias a levantar la prohibición de los tapabocas en exteriores y cuya negativa a flexibilizar la normativa ha sido la que hasta ahora ha provocado que el Gobierno central esquivara voluntariamente llevar el asunto a las agendas oficiales de los foros de coordinación semanales (CISNS y Salud Pública) para evitar una disputa pública sobre un asunto que el Gobierno central considera «prioritario» aprobar por «unanimidad» y que entre en vigor de forma simultánea en los 19 territorios, sea cual sea la posición de cada cual.
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Aragón, Baleares o el País Vasco se han sumado con mayor o menor fervor a la corriente abolicionista. En el otro extremo -al menos hasta mediados de esta semana- se han venido situando territorios como Navarra, Extremadura, Andalucía, Cantabria o Castilla y Léon, reacios a apoyar todavía el fin de los tapabocas. Estas últimas autonomías en realidad se alinean con una tesis epidemiológica que defiende que solo debe levantarse levantar la prohibición con una incidencia acumulada de 50 o con el 50% de la población inmunizada.
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