«¿Por qué puedo viajar en un bus lleno y no puedo entrar en un bar a tomar un café?»

El objetivo era dar cuenta del plan de vacunación y sus aristas más polémicas: la inoculación de dosis entre directivos sanitarios y liberados sindicales y, aunque Pablo Fernández subrayó que la comparecencia de ayer en el Parlamento asturiano, -a la que acudió acompañado de la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Concepción Saavedra; el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño; el de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, Sergio Valles, y el de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo, José Ignacio Altolaguirre-, se realizó «a petición propia», todos los grupos le recordaron que, de no haber sido así, «la habríamos pedido».

«Lo ha hecho por vergüenza torera», le espetó la portavoz del PP, Beatriz Polledo, quien exigió «el cese de la gerente del Sespa» por lo que, entiende, ha sido «un proceso incomprensible y bochornoso». Tanto Polledo como los portavoces de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé; Podemos, Ricardo Menéndez Salmón (que se estrenó en la comparecencia); Foro, Adrián Pumares, y Vox, Sara Álvarez Rouco, desaprobaron las explicaciones dadas en la Junta tanto por el consejero como por la gerente del Sespa.

Ambos justificaron que se haya vacunado a gerentes de centros sociosanitarios y liberados sindicales «por su contacto directo con personas con covid», en el primero de los casos, y «porque pueden ser reincorporados, como ya lo hicieron en otras olas de la pandemia», a su trabajo. De hecho, Saavedra precisó que «veintidós liberados ya se han reincorporado».

Unas explicaciones que no convencieron al resto de portavoces. Aunque el de IU, Ovidio Zapico, centró los problemas del plan de vacunación en «la lamentable especulación de las farmacéuticas» que ha demostrado «las miserias del mercado capitalista», también exigió «transparencia» y que «se aclaren los errores que se puedan haber cometido», así como hizo desde Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé. Los demás fueron más duros. «Es un argumento falaz que deban vacunarse los directivos sanitarios por estar junto a personas que trabajan en primera línea. Si es por eso, ¿tiene sentido que un liberado se vacune antes que el marido de una intensivista?», planteó Ricardo Menéndez Salmón, mientras que para Adrián Pumares «es una auténtica vergüenza que se vacunen antes directivos y liberados que mayores de 80 años o pacientes con patologías oncológicas»

Desde la formación de Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco entiende que «la llegada de las vacunas ha dejado, otra vez, en evidencia el desorden que reina en su gestión y ha dejado, también, sin proteger a los más vulnerables».

Unascríticas que rechazó de plano el PSOE, cuya portavoz, Carmen Eva Pérez, insistió en que los criterios del plan de vacunación «vienen impuestos por el Gobierno central» y defendió la «ética» en la gestión del Gobierno regional, mientras cuestionó la del PP, «ya que una concejala de Servicios Sociales no es un trabajador sanitario», en referencia a la edil del grupo conservador en Cangas de Onís Marifé Gómez.

Por su parte, el consejero de Salud descartó entrar siquiera a valorar la petición de cese de la gerente del Sespa y invitó a la portavoz del PP a decidir «entre si quieren seguir siendo populares o quieren ser populistas».

Además de las vacunas, el consejero de Salud también tuvo que dar cuenta de las medidas restrictivas aplicadas en Asturias, con un modelo propio para cada concejo basado en la población, el número de mayores y la incidencia de casos. En opinión de Pablo Fernández, las medidas «están funcionando», aunque su posición generó dudas.

Entre ellas, la del portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Armando Fernández, quien preguntó «¿Por qué puedo venir, como hago en un autobús desde Gijón, lleno y, sin embargo, al llegar a Oviedo no puedo entrar en un bar a tomar un café?».

Aunque el consejero de Salud ya apuntó la respuesta, «quizá porque para tomar un café nos quitamos la mascarilla», dejó el análisis para el director general de Salud Pública del Principado. Rafael Cofiño resolvió cerrar preguntando: «Siempre me pregunto por qué se cuestiona este protocolo basado en datos técnicos y no, por ejemplo, el de intubación que se mantienen en las UCI».