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«Lo primero es la salud, todos lo tenemos claro, pero un confinamiento total no lo queremos ninguno». José Manuel Suárez, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares de Residencias de Mayores del Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), confirmó la preocupación de las familias de los usuarios de la red geriátrica pública ante el protocolo de la Consejería de Salud que blinda los centros ante cualquier sospecha de contagio de la COVID-19.
Una propuesta que, tal y como adelantó EL COMERCIO, han rechazado tanto los empresarios geriátricos como los propietarios de centros de día. Los primeros, aglutinados en las patronales Ascege (mayoritaria en la oferta concertada) y Aarte, elaboran un informe sobre sus dudas hacia el protocolo, del que aún no han recibido explicaciones de la Consejería de Salud. Los segundos, aglutinados en la Asociación de Centros de Día Privados de Asturias, han hecho público su rechazo «a un nuevo confinamiento de los mayores», a los que, en declaraciones de la secretaria de la entidad, María Cienfuegos-Jovellanos, la Administración regional está convirtiendo «en ciudadanos de tercera», al entender que se vulneran sus derechos.
«Si una persona mayor vive sola, puede entrar y salir libremente. Si vive en una residencia, lugar donde, hay que recordar, pagan por una plaza, se les deja aislados, sin conexión con el exterior, ante la sospecha de que exista un positivo o la confirmación de que algún residente o trabajador esté contagiado», lamenta Cienfuegos-Jovellanos.
Plantean los críticos con el protocolo que los usuarios de centros residenciales puedan desarrollar su vida normal, «como ocurre con el resto de la población», aplicando las medidas, «que nos aplican al resto».
Desde la Federación de Asociaciones de Familiares de Residentes en el ERA, la situación se ve «con preocupación». La propuesta que defienden las familias es mantener «los actuales controles que existen ahora y que las visitas se hagan con cita previa».
Presidente desde febrero de 2019, José Manuel Suárez portavoz de las dieciséis asociaciones de familiares. «Estamos en las gijonesas Clara Ferrer y Mixta de Pumarín; en las ovetenses El Cristo, La Tenderina, Santa Teresa y El Trisquel; en las avilesinas El Nodo y Los Canapés, así como en las de Arriondas, Tineo, Santullano, Laviana, Pravia, Riaño, Moreda e Infiesto».
Asegura que entienden todos el temor que existe «a que haya un nuevo contagio masivo» y que se repitan los colapsos sanitarios que obligaron a decretar el estado de alarma, pero también defiende que «los usuarios necesitan el contacto con sus familiares. Estar solos les ha hecho mucho daño», lamenta Suárez.
En opinión de la federación, «se deben facilitar las visitas siempre que sea posible», así como, apuntan, «los servicios que se destinan a los residentes», en referencia a podólogos, fisios y peluqueros. En su opinión, «el confinamiento total es un arma de doble filo para los residentes», por lo que plantean «confinamientos parciales» que no afecten a toda la residencia.
Explican que sus familiares «residentes autónomos, se sienten 'enjaulados' en su propia casa, ya que no podemos olvidar que las residencias son sus casas, no un hospital», mientras que en el caso de familiares residentes «con gran dependencia no entienden absolutamente nada de lo que les ocurre» y el confinamiento y la falta de contacto con sus familiares «es nocivo».
La entidad que preside mantiene contactos periódicos con la gerente del ERA, Ana Guerra, con la que mantendrán una reunión «en septiembre», para conocer todos los aspectos del nuevo protocolo. Durante la pandemia, las familias reclamaron «reforzar el personal, porque las plantillas que existían en las residencias hasta ahora ya no sirven».
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