L. MAYORDOMO
GIJÓN.
Martes, 17 de noviembre 2020, 00:45
Adrián Barbón remarcó ayer que Asturias es la comunidad que tiene aprobadas y en marcha las medidas más restrictivas de toda España frente a la covid-19: cierres perimetrales de sus principales ciudades y de toda la comunidad, toque de queda entre las diez ... y las seis de la mañana, cierre de actividades no esenciales. Algunas se adoptaron hace ya casi un mes. Otras, hace dos semanas. Las hay incluso anteriores, como la prohibición de que en las reuniones sociales no haya más de seis personas no convivientes. Sin embargo, tanto o más importante que su aplicación es el grado de cumplimiento de estas medidas, reconoció el presidente del Principado, quien ayer trasladó al resto de administraciones presentes en el comité de crisis de seguimiento de la covid -la estatal y la municipal, de las que dependen los cuerpos de Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales- la necesidad de «ser muy escrupulosos y contundentes» en el control de estas medidas.
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Fue lo que ayer pidió tanto a la delegada del Gobierno, Delia Losa, como a los alcaldes de Oviedo, Gijón y Avilés y los representantes de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), presentes en la reunión telemática del comité.
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En este sentido, los ocho alcaldes asturianos del Partido Popular reclamaron ayer un mayor control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el movimiento de personas tras el cierre perimetral de las grandes ciudades.
En un documento que trasladaron a la presidenta de la FACC, Cecilia Pérez, con la intención de que ésta las expusiera en la reunión de ayer, también pidieron que se habiliten puntos 'auto-covid' en todas las áreas sanitarias y que se realice la prueba PCR a las personas que fueron positivas antes de dar el alta definitiva, «paso que se hacía con anterioridad y ahora no». Los regidores de San Martín de Oscos, Villayón, Coaña, Ibias, Oviedo, Caravia, Canga de Onís y Peñamellera Baja también quieren que se modulen las medidas restrictivas en la zona rural, por lo que piden que tenga «un tratamiento diferenciado» tanto en el confinamiento como el cierre de los establecimientos de comercio y hostelería.
Por otra parte, el PP solicita formación telemática para el personal de servicios sociales (auxiliares de ayuda a domicilio, de residencias y de centros de día) en cuanto al procedimiento de actuación al tener que atender a usuarios contagiados (colocación de EPIs, desinfección, etcétera). Y quiere también que se realicen pruebas PCR al personal municipal de servicios esenciales sin coste para las arcas municipales y que se constituyan bolsas de voluntarios de trabajadores de los ayuntamientos para trabajar como rastreadores.
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