El consejero de Educación culpa del déficit de la Universidad a la gestión del Rectorado

Alonso replicó. «Dice que es exiguo, pero en 2015, 2016 y 2017 la institución académica liquidó sus cuentas con superávit. Y si, además, la financiación del Principado ha crecido sustancialmente, entonces, una de dos: o han disminuido otras fuentes de ingresos de la institución o el gasto de la Universidad ha crecido de forma desproporcionada», señaló, en declaraciones a EL COMERCIO.

Hace unos días, el titular de Educación afirmaba no entender por qué el rector seguía «con la cantinela» de la falta de financiación. Y ayer volvió sobre sus razones. «El convenio con la Universidad se cuenta entre los mejores del país y asegura una financiación muy adecuada. El mismo documento establece que la compensación por la bajada de precios públicos tendrá lugar cuando se obtengan datos definitivos de matrícula del curso afectado (en este caso, del 2019-2020) y no antes. No podemos adelantar una compensación de algo que no se ha producido o de lo que no tenemos datos definitivos. Por tanto, nosotros cumplimos lo que firmamos. Y si el rector dice que somos estrictos, para mí no es una crítica, sino un halago».

Precisamente, Santiago García Granda había lamentado el día anterior que «el Principado fuera tan estricto», en el cumplimiento literal del convenio en lo referente a la compensación por la bajada de tasas. «Nos gustarían que no fueran tan estrictos, como no lo son en otras cosas». El escollo está en la manera de interpretar cómo hay que hacer esa restitución. A diferencia del Gobierno regional, la Universidad sostiene que ya tiene una estimación de esa recaudación y, por tanto, el Ejecutivo autonómico podía incluir una partida en los presupuestos de 2019. En su comparencia en la comisión de Sector Público de la Junta para expresar su opinión sobre las cuentas regionales, el rector reclamó que se incluyera, al menos, el 75% de dicho coste. Es decir, que se recojan tres millones de los cuatro que deja de ingresar por la bajada de tasas. Una medida que, eso sí, la Universidad ve plausible.

Según la gerente de la Universidad, Ana Caro, las posturas podrían acercarse en enero, dentro de la comisión de seguimiento de dicho convenio, pues ambas partes entendían «el hándicap que dicha literalidad del convenio supone a efectos prácticos».

El consejero también aludió a este aspecto ayer y dijo estar abierto al diálogo. Ahora bien, no habla de revisar el convenio, sino de «valorar» el documento y su aplicación, algo que, dijo, no es lo mismo.

Después de que el rector apuntara que veía «más difícil» que el Principado cubriera el desfase de 12 millones de euros en el capítulo de personal, «pues la partida incluida en los presupuestos ya se ha hecho con conocimiento de causa», el consejero declaró: «La Universidad debe ocuparse de otras cosas intrínsecas a la institución académica, como el contrato-programa». Esto es, la financiación por objetivos. «Porque, de no cumplirse, tienen incidencia en esa financiación adicional de la institución académica. Por tanto, la Universidad debe aprestarse a cumplirlos para recibir los fondos».