Miriam suárez
Martes, 27 de abril 2021, 13:07
Colaboración, firmeza y refuerzo de los servicios de inspección. Es el compromiso de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar en relación a las dos denuncias recibidas por presunta vacunación irregular contra el COVID19. Más allá de eso, Melania Álvarez no entró a clarificar en qué situación se encuentran las diligencias e investigaciones abiertas al respecto e incluso se desmarcó de la investigación de los hechos bajo sospecha. Aunque dichas denuncias fueron remitidas a su Consejería, «no tenemos competencias en el proceso de vacunación» y, por tanto, «fueron remitidas a la Dirección General de Salud Pública».
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El asunto se abordó esta mañana, a petición del grupo parlamentario de Podemos, en la comisión de Derechos Sociales y Bienestar celebrada en la Junta General del Principado. Melania Álvarez no explicó ni el estado de tramitación de las denuncias ni las medidas contempladas por el gobierno regional. «Le recordamos que usted y el señor Barbón aseguraron que no les temblaría la mano», incidió Podemos, que hizo hincapié en el caso de Marifé Gómez, teniente de alcade de Cangas de Onís y patrona del Hogar Beceña González, y el de Juan José Pulgar, presidente del Montepío de la Minería, «que no estaban al cargo de atención directa de residentes ni tienen tiempo de exposición suficiente para haberse vacunado».
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