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Dos semanas de encierro y con los ánimos suficientes «como para seguir» hasta que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar les ponga por escrito que les pagará el plus de peligrosidad y ampliará la plantilla.
El comité de empresa de Establecimientos Residenciales para ... Ancianos (ERA), el organismo que gestiona la red geriátrica pública y concertada, cumplió ayer quince días de encierro en la gerencia del organismo. Saldrá esta tarde la comisión permanente, la que forma un miembro de cada uno de los siete sindicatos, para mantener una reunión con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.
Lo harán, reitera la presidenta del comité, Beatriz Fernández, «con las mismas peticiones» que motivaron el encierro: que la plantilla cobre el plus de peligrosidad y que se aumente el personal para cubrir los mínimos de atención. Sigue sin fisuras un comité formado por CSI (5 representantes), CC OO (5), CSIF (5), UGT (4), USAE (4), SAIF (1) y Cemsatse (1), al que no convencieron las explicaciones dadas por Álvarez el pasado jueves ante la Junta.
Una cita aquella instada por el PP que, como Podemos, Foro e IU, apoya las reivindicaciones de la plantilla del ERA. En la comparencia, se sumó a las críticas Vox. La consejera rechazó ante el Parlamento asturiano «estigmatizar a las personas mayores», para no aceptar el pago del plus de peligrosidad.
Así, argumentó que el ERA dispone actualmente de una plantilla de 2.200 trabajadores para atender a 3.073 personas en los centros de gestión directa, con una ratio de profesionales «muy superior» a la exigida en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Informó, además, de que el organismo autónomo ha ampliado su plantilla en 688 profesionales desde 2019, lo que ha supuesto un incremento de 14 millones en gastos de personal; que se han consolidado 500 puestos de trabajo y que se está aplicando un nuevo complemento de 50 euros. «Las cifras dejan claro el firme compromiso del Principado con la calidad de un servicio público de primer orden», zanjó.
El comité, sin embargo, insiste en lo vital de sus peticiones. Respecto al plus de peligrosidad, cuenta que las agresiones se han multiplicado en los últimos años. Añaden que sus compañeros de las residencias públicas para personas con discapacidad psíquica «sí cobran ese plus». Sin embargo, cuando esos usuarios cumplen 55 años «y pasan a vivir en una residencia del ERA, a nosotros no nos pagan el plus». De hecho, los trabajadores de las residencias que antes gestionaba el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), hoy ya bajo la titularidad del ERA, recuerdan que «cuando trabajábamos para el Imserso sí nos pagaban el plus de peligrosidad».
Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) es un órgano autónomo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Se encarga de gestionar la oferta geriátrica asturiana, tanto la pública como la concertada.Por la gerencia, ahora en manos de Nerera Monroy, pasan las solicitudes para ocupar una de las 6.327 plazas que gestiona el ERA. La mayoría, 4.166, son plazas propias, a las que se suman otras 2.161 que tiene concertadas con residencias privadas. La plantilla supera en la actualidad las 2.200 personas y ha experimentado uno de los mayores crecimientos del empleo público
Sobre el aumento de plantilla, los sindicatos argumentan que las nuevas contrataciones son personal temporal y que lo que necesita el servicio es incrementar los mínimos de cada turno.
Esperan todos lograr un acuerdo con la consejera, en la cita que mantendrán esta tarde. Mientras, siguen con su encierro y los compañeros han vuelto a concentrarse, como cada día desde el pasado 23 de octubre, ante las residencias, en apoyo al comité. Lo volverán a hacer hoy. Esperan que sea la última vez en que tengan que salir a protestar.
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