Los condenados a devolver al Principado 2,1 millones por el 'caso Renedo' rechazan pagar

El 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción destapada en el Principado, libra un fase clave. Trece años después de que una ciudadana pusiera la denuncia con la que empezó todo, la Audiencia Provincial acaba de determinar quién debe devolver dinero a la administración autonómica y cuánto. El letrado del Principado pedía recuperar 4,9 millones pero la Sección Tercera considera que con las pruebas que han quedado validadas solo puede imponer el pago de 2,1 millones. De los ocho condenandos a entrar en la cárcel, deben restituir fondos al erario tres: la ex directora general María Jesús Otero (690.549,22 euros), la ex jefa de servicio Marta Renedo (1.490.210,07 euros) y el empresario Víctor Muñiz (que queda como responsable solidario de toda la penalidad de Otero y de unos 198.003,38 de Renedo). El resto pasaron privaciones de libertad por sus delitos, pero se considera que no hay pruebas sólidas de que se enriquecieran apropiándose de dinero público.

La noticia cayó como una bomba entre los afectados. La factura final solo se aproxima a la que proponía la Fiscalía (2,7 millones), queda lejos de la posición del Principado (4,9) y las defensas, que entienden no hay base para responsabilidad civil alguna. Estos letrados están ya preparándose para recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.

Ana Muñiz, representante de Otero, ha solicitado una aclaración de este complemento de la sentencia, lo que ha interrumpido los plazos y les deja más margen. De no haberlo hecho el lunes les habría vencido el plazo para anunciar su disconformidad con la decisión y anunciar que acudirán en casación a una segunda instancia. José Carlos García, abogado de Renedo, va a exigir que la decisión, como complemento de sentencia que es, le sea notificada personalmente a los interesados, lo que dilatará también los plazos.

En el Principado se está analizando la sentencia «por parte del servicio jurídico para tomar la mejor decisión en favor de los intereses del Principado». En la Fiscalía, aunque el resultado se queda muy cerca del que planteaban, también dicen estar «estudiando» la situación.

Los recursos que se preparan alargarán el pulso un tiempo por determinar, toda vez que los tribunales están reactivándose tras meses de huelga. Sea cual sea el resultado que dicten los magistrados, entre los abogados existe el convencimiento de que la recuperación del dinero va a requerir más indagación patrimonial y no acabará de ser total.

La legislación impidió a las acusaciones populares actuar en esta parte del proceso, pero su resultado no les sorprende. «El dinero que se pide devolver es poco y la responsabilidad de ello está en la inactividad del Principado», apunta Alberto Suárez, letrado de Ocan, organismo vinculado a Podemos. «En la fase de instrucción no justificó todo el daño económico causado, sobre todo en Educación, y esas pruebas quedaron fuera del proceso», afea.

«Haber fraccionado de esa forma la instrucción explica lo ocurrido», coincide Esteban Aparicio, representante de Avall, otra de las acusaciones populares. A su juicio haber dejado para la fase de ejecución de sentencia fijar las cuantías también ha perjudicado la recuperación de fondos.

Las defensas por su parte ven margen para seguir rebajando la suma. Recuerdan que han pasado casi seis años desde la sentencia de la Audiencia Provincial y cerca de cuatro desde la del Supremo. «La responsabilidad civil no es eterna, tiene un plazo máximo para ser exigida», indica uno de los juristas.

En lo tocante a Renedo, la funcionaria ya fue condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver 1,5 millones por unos expedientes que también fundan la sentencia en el orden penal. En su petición el Principado recordaba que la jurisdicción contable ya estaba actuando contra el patrimonio de la exfuncionaria para hacer efectiva su condena, algo que pedía a la Audiencia fuera considerado para descontarlo de sus sumas. La Sección Tercera opta en cambio por estimar la devolución en base a los expedientes de la causa, comunicado su decisión al Tribunal de Cuentas para que sea éste quien se adapte.

Entre los argumentos de las defensas también está que parte del dinero público que captaron con sus empresas fue usado para pagar impuestos, lo que abre la discusión a si esa tributación debe ser descontada de la devolución.

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