Un condenado del 'caso Renedo' pide pagar ya 444.000 euros al Principado

De momento José Carlos García -abogado de Renedo- y Miguel Valdés-Hevia, representante de Muñiz, comunicaron ayer a la Audiencia que recurrirán la indemnización ante el Tribunal Supremo. Ana Muñiz, letrada de Otero, ha solicitado una aclaración de sentencia y que se le informe del «importe de las cantidades que constan embargadas» para saber si puede o no responder de la factura exigida.

Quien ha tomado la delantera en la cuestión es Valdés-Hevia. Desde que la Audiencia dictara cuánto considera que hay que devolver al erario el tiempo corre generando intereses sobre esas cantidades. Para evitar que la factura suba, ha solicitado a la Sección Tercera que le entregue al Principado ya 444.276 euros.

De ese dinero hay 345.275 euros que cubrirían la mitad de lo que se les exige de forma solidaria a Otero y Muñiz. La ex directora general «se hará cargo del pago de la otra mitad», anticipa el escrito. Restarían otros 99.001 euros que el empresario aportaría al Principado para cubrir la mitad del dinero que se le imputa de forma solidaria con Renedo, y en la esperanza de que la funcionaria ponga la otra mitad.

¿De dónde saldrían los fondos? El representante del que fuera dueño de Igrafo calcula que la Audiencia le tiene ahora intervenidos a su cliente 373.066 euros, de los que 300.000 son la fianza que puso para salir en libertad provisional y el resto lo que le queda en las cuentas que se le embargaron. Al objeto de completar la suma pide permiso para vender las acciones de seis grandes sociedades que guarda en una cuenta de valores también bloqueada por el juzgado.

Muñiz, que sigue en prisión, parece en disposición de afrontar el reintegro al Principado que se le pide, mientras que Otero está a la espera de echar números. Más difícil resulta que los bienes embargados a Renedo alcancen para cubrir los 1,4 millones que se le piden, incluso si Muñiz llega a financiar los 198.003 de los que es responsable solidario.

A la espera de cómo el Supremo aumente o reduzca las indemnizaciones, una vez se liquiden estas responsabilidades civiles la Audiencia procedería a seguir convirtiendo en dinero los bienes de los procesados. Tras saldar el reintegro al Principado quedaría afrontar la multa judicial que tiene cada uno, que es de 480.000 euros para Renedo y de 1,5 millones para Muñiz.