Condena unánime al primer homicidio «sexista» en Asturias desde 2016

Homicidio o, en su caso, asesinato con agravante de género. Esos son los delitos que la magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Luarca le imputa a Javier Ledo, el autor confeso del crimen de la gijonesa Paz Fernández Borrego. Un crimen sobre el que las instituciones asturianas no tienen ninguna duda en calificar como violencia de género.

Tanto es así que Delegación del Gobierno, Principado y el Ayuntamiento de Gijón hicieron ayer una nota conjunta de condena ante lo sucedido y convocan para hoy, a mediodía, una concentración de repulsa en la Plaza Mayor gijonesa.

Paz Fernández Borrego es la primera asturiana víctima de un crimen machista desde 2016. Para las estadísticas oficiales, las que elabora el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es la cuarta del país en lo que va de año. Los colectivos feministas, sin embargo, consideran que es la séptima.

Ya que a Jennifer Hernández, Pilar Cabrerizo y Adela Fortes, asesinadas en Tenerife, Granada y Málaga, respectivamente, las víctimas 'oficiales' unen también los casos de Diana Quer, Laura Santacruz y a la nonageneria Celia R., enferma de alzhéimer y envenenada por su marido, que se suicidó a su lado.

Una radiografía lo suficientemente alarmante para que las tres administraciones recuerden, en un comunicado conjunto, que «la tolerancia cero es la única respuesta posible ante las agresiones machistas y sus terribles consecuencias».

Delegación del Gobierno, Principado y Ayuntamiento de Gijón dejan claro en el texto su voluntad de «seguir impulsando medidas y reforzando los mecanismos de coordinación», todo dentro del primer protocolo del país encaminado a frenar la violencia machista, es decir, «el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado».

Además, las tres instituciones, así como el Consejo Asturiano de la Mujer y el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón, trasladan las «condolencias a la familia de Paz Fernández Borrego, madre de dos hijos» y ponen a su disposición todos los servicios de asesoramiento jurídico y apoyo previstos para estos casos.

Todos quieren trasmitir a la ciudadanía «la necesidad de alcanzar un compromiso colectivo que condene de manera rotunda la violencia de género». Lo dicen porque entienden que «implica un grave déficit de libertad y seguridad para las mujeres, a la vez que impide lograr una sociedad igualitaria y justa».

Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es que las mujeres «que hoy sufren violencia de género» den el paso «para solicitar información y planificar la mejor forma de romper la relación». Una respuesta que encontrarán en la red de centros asesores (hay quince por toda la región), pero también en los teléfonos 112 y 016.

Un paso, el de denunciar, que dieron 2.505 mujeres el año pasado, hasta llegar a un total de 2.711. Según el informe publicado ayer por el Consejo General del Poder Judicial, Asturias tuvo una de las tasas más bajas del país, con 46,3 denuncias por cada 10.000 mujeres. Sin embargo, en cuanto a órdenes de protección concedidas, sí la región está en lo alto de la tabla. De las 822 solicitadas el año pasado, los juzgados concedieron 566, el 69%. La tasa más alta del norte y muy por encima de Madrid o Cataluña, donde son rechazadas más de la mitad de las protecciones pedidas.