«El concurso del geriátrico de Felechosa era una pantomima»

El Montepío adjudicó la construcción a una empresa local, Alcedo de los Caballeros, en marzo de 2009, descartando a otras empresas más grandes y experimentadas que se ofrecieron a hacer el trabajo por menos. Los correos muestran que en realidad desde finales de 2007 Alcedo participaba en el diseño del equipamiento, suministrándole precios de sus propios proveedores para cuadrar presupuestos y recibiendo los planos por adelantado.

En julio de 2008 el asesor jurídico del Montepío, el también investigado Rafael Virgós, va remitiendo las bases con las que se convocará ese concurso que todos los indicios apuntan a que estaba amañado. La tesis que defiende el arquitecto es que Virgós era «el responsable de velar por la legalidad» de lo que se estaba haciendo y que él solo fue cumpliendo las órdenes que dictaba su cliente.

Sastre sitúa al expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, como el principal responsable de todas las gestiones. Según cuenta, de él recibió la orden de visitar en 2007 un balneario en Medina del Campo para tomar referencias de su diseño. Un intercambio de correos le sirve ahora para recordar que antes del concurso entre los «temores» que le había manifestado Postigo estaba que el resto de aspirantes a la obra hicieran ofertas a la baja.

Con la obra en marcha «se efectuaban modificaciones a lo inicialmente proyectado» y eran «impuestas por la propiedad y casi siempre a 'mayores'», describe su escrito. Así, se dio orden de reforzar las cerchas de la estructura de cubierta «para que soportasen una carga de nieve que doblaba a la marcada por la ley». También se mandó «reforzar el vaso de la piscina porque el señor Postigo (dicho con todos los respetos) no había visto en su vida una piscina que estuviese soportada por seis columnas».

Inicialmente el calor estaba diseñado con biomasa y bajo esa directriz se llegó a ejecutar la distribución inicial en la planta de semisótano «pero de una manera inopinada y de un día para otro se decide la cogeneración» sin consultar al propio arquitecto que era a quien, como director de obra y en coordinación con los ingenieros de calefacción, competía el asunto. El cambio «provocó la necesidad de demoler los muros ya ejecutados, de gran entidad y espesor».

Parte de los correos son con personal del Ayuntamiento de Aller, consistorio que según el informe hecho por el abogado del arquitecto, Javier Díaz Dapena, habría redactado un «plan parcial a la carta» para dar cobertura al proyecto. Hay otro intercambio de mensajes donde se «engordan» los porcentajes de obra que se esperan ejecutar en los meses siguientes.

«A los responsables del Montepío no solamente les valía con una previsión de obra a ejecutar ciertamente forzada («engordada» en términos de mi cliente) a cuatro meses vista, sino que -a mayores- indican al investigado que eleve otros dos puntos porcentuales más», refleja el letrado Díaz Dapena.

El informe del abogado explica que su cliente ahora entiende que «no debió ceder a tanta presión, pero ello no significa que haya dado curso a conducta delictiva alguna, ni tan siquiera que llegase a barajar cualquier suerte de intento o posibilidad fraudulentos».

Entre los documentos aportados los hay que muestran cómo la obra empezó sin licencia y recibía parabienes de las autoridades. En su versión, el arquitecto considera que a lo sumo «fue utilizado para 'vestir el muñeco'» dentro de una obra que «se iba a efectuar en el modo y condiciones en que se efectuó, lo que era de común conocimiento de todo ciudadano».