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ELENA RODRÍGUEZ
GIJÓN.
Domingo, 22 de noviembre 2020, 01:13
Ocurrió hace un año. Lo que se suponía que iba a ser un discurso amable en la inauguración del congreso de Escuelas Católicas se convirtió en todo un torpedo a la línea de flotación del sistema de educación concertada. En aquel encuentro, ante 2. ... 000 representantes de los centros, la ministra de Educación, Isabel Celaá, señalaba que «no puede decirse que el derecho de los padres a elegir centro emane estrictamente de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución». Los 2.000 representantes de los colegios creyeron no haber oído bien. Pero lo había dicho. «Vimos claramente que nos iban a cercenar las libertades», dice la directora del colegio gijonés Virgen Reina, la madre Rosario Benítez.
Doce meses después, el Congreso acaba de aprobar la nueva ley de educación, LOMLOE, que confirma, indican, lo que entonces se temían. «Nos quieren asfixiar económicamente y así cercenar así la libertad de las familias a elegir el centro educativo para sus hijos», resume Nieves Fernández, directora titular del colegio Luisa de Marillac, en Miranda (Avilés). «La ministra niega que no se garantice la libertad de enseñanza, pero es que hace una interpretación partidista de la norma -añade Fernando Redondo, de El Pilar de Pola de Lena-. Elimina la demanda social (lo que permitía a la concertada sacar más plazas si así lo pedían las familias) y bajo el argumento de necesidades de planificación, podrá decidir dónde se escolarizan».
Con estas premisas, en las que se incluye la prohibición de ceder terrenos públicos para colegios concertados, «resulta muy difícil que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la educación de sus hijos», añade Ángel Gallo, del colegio Los Robles, en Llanera, uno de los dos que existen en Asturias de educación diferenciada (en su caso, de chicos).
El suyo es uno de los afectados por la ley, que pondrá fin a los conciertos con colegios que separen por sexo. «La medida va contra dos sentencias del Tribunal Constitucional y el Gobierno lo sabe. De hecho, la ministra ha reconocido en los medios que el artículo tiene poco recorrido».
Esta mañana, familias, docentes y patronales saldrán a la calle para defender «la libertad de los padres de poder escoger centro» en sendas manifestaciones que tendrán lugar en Oviedo y en Gijón, a partir de las 11 horas (en el Tartiere y en El Molinón) y en la que se prevén la participación de mil vehículos (500 en cada una).
Subrayan que, en ningún caso, lo hacen «contra la pública» por mucho que la ley insista en que ésta «es el eje vertebrador del sistema educativo». El artículo 27 de la Constitución recoge que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
En este sentido, Jesús Heriberto Fernández, director del colegio Loyola de Oviedo, hace el siguiente símil: «Nadie imaginaría que a un hospital concertado le retirasen los utensilios del quirófano y se pusiera en peligro la vida del paciente. ¿Por qué en Educación no se ve el riesgo? Los niños, unos y otros, tienen el mismo derecho a educarse. Sus familias pagan los mismos impuestos».
En la misma línea abunda Ana Pulgar, del colegio María Inmaculada-Claretianas de Pola de Laviana. «Con ratios profesor-alumno más bajas y más horas de trabajo, salimos más baratos. Se le ahorra dinero a la pública» y recuerda la propuesta que ha habido en Valencia de ofrecer un cheque-escolar para facilitar la escolarización de los alumnos de Infantil. «¿Qué pasó? Que las familias optaron mayoritariamente por la concertada. Ése es el miedo que tienen. Por eso falta diálogo». Esa es una de las quejas (común, en ambas redes): la falta de consenso y «lo inoportuno de aprobar ahora una ley educativa en plena pandemia, sin reflexión, ni debate sobre la normativa». «Es la octava de la democracia -concreta Gema Arango, directora pedagógica del Virgen Mediadora de Gijón.-. Con cada nuevo gobierno, se cambia la ley, sin pararse a hacer un estudio serio y pensar qué funciona o qué se pude mejorar. Hay que separar la educación de la política. Necesitamos un pacto de Estado. De las leyes de Educación depende el futuro de los niños. No se lo toman en serio».
Hay más aspectos que no comparten. «Volvemos otra vez a la LOE de hace catorce años y que nos llevó a unos niveles muy bajos en los estándares internacionales», detalla Dolores Coalla, directora del colegio gijonés San Lorenzo, laico y que funciona como una cooperativa de enseñanza. «Es una ley que no valora el esfuerzo (se podrá pasar de curso con una o dos materias suspensas cuando el equipo docente lo considere), por lo que desmotiva al alumno», apunta Charo Barriales, directora pedagógica del colegio Dulce Nombre de Jesús de Oviedo. «Hay que seguir potenciando el esfuerzo para tener unos ciudadanos bien preparados», agrega la madre Rosario Benítez, que alude también a la nueva asignatura de Valores Cívicos en Primaria y Secundaria. «Son los valores que ellos consideran como valores. No están consensuados socialmente». También alerta del peligro que «en los consejos escolares familias en desacuerdo con el ideario lo echen por tierra» y, en general, se preguntan «por qué molesta tanto la Religión cuando son valores humanamente buenos y los cristianos hacemos labores a las que desde otros ámbitos no se llega».
También hay una preocupación generalizada por garantizar «el derecho de elección y atención de lo niños de Educación Especial».
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