MIRIAM SUÁREZ
GIJÓN.
Miércoles, 29 de septiembre 2021, 04:00
La batalla política contra la decisión ministerial de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) comenzó ayer en Santander, donde los gobiernos de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León unieron fuerzas para combatir lo que consideran « ... un avasallamiento», «una falta de respeto» y «un atropello» a sus competencias y su territorio. Esa unión se ha materializado en un recurso contencioso, interpuesto ya en la Audiencia Nacional.
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«Esto no ha hecho más que empezar», anunciaban los consejeros de Medio Rural, Ganadería o Medio Ambiente de las cuatro comunidades implicadas, tras celebrar una reunión en la que también participaron las principales organizaciones agrarias del país. La «indignación» con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por su decisión de incluir al lobo en el LESPRE, era unánime.
«No queríamos haber llegado hasta aquí, pero lo que no ha sido atendido desde el diálogo, que lo sea desde la Justicia», adujo el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado. Alejandro Calvo advirtió al ministerio de Teresa Ribera que «no es posible la conservación de la fauna salvaje sin contar con la complicidad del medio rural» y lamentó que «se caricaturice» la polémica suscitada, «simplificando los mensajes ante la voz de socorro» de los ganaderos.
Calvo entiende que decisiones como esta, que alteran el equilibrio entre la conservación del patrimonio natural y los daños que se producen a la ganadería extensiva, deberían adoptarse «con evidencias científicas y conociendo el territorio». El consejero asturiano puso como ejemplo el plan de gestión y control del lobo que se viene desarrollando en el Principado y que, con el último movimiento del ministerio, ha quedado en suspenso, «con la inseguridad jurídica» que eso conlleva.
«Que esta orden ministerial entre en vigor sin periodo transitorio nos deja en el peor de los escenarios», sentenció Alejandro Calvo, contrario a la «imposición de políticas injustas» y a «la precipitación» del ministerio. Los cuatro consejeros se pronunciaron ayer en términos muy similares, con gran contundencia y sin fisuras. «No podemos admitir este desprecio a nuestros ganaderos», avisó el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, que se declaró «atónito e indignado» no solo por la decisión ministerial, sino por el hecho de que se haya tomado sin escuchar a las cuatro comunidades donde se concentran el 95% de las manadas de lobo existentes en España y que representan un 28% del territorio nacional.
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«Llevamos más de un año solicitando una reunión para exponer nuestros argumentos en detalle. Incluso solicitamos una conferencia interterritorial sobre el LESPRE. Pero ni se nos contestó ni se convocó la conferencia», recriminaba ayer Blanco, para acto seguido clamar contra la ministra Teresa Ribera y su secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán. «Escucharles ahora decir que las comunidades autonómas no queremos el diálogo nos deja atónitos».
«Indignación» ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y «decepción» por la postura equidistante del ministro de Agricultura, Luis Planas, que no se ha mojado en la polémica. La cuestión es que ayer, en Santander, ni políticos ni organizaciones agrarias dejaron títere con cabeza, evidenciando la magnitud de la batalla que ya ha comenzado a librarse en los tribunales. «No nos han dejado otra alternativa», aseguró la consejera de Medio Rural de Galicia, María Ángeles Vázquez, que aprovechó su intervención para recordar al Ministerio que «la biodiversidad la tenemos gracias a la gente de las zonas rurales».
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En opinión de Vázquez, a la orden ministerial le falta «coherencia» y «justificación científica», además de «no tener respeto» por los planes de gestión y control del lobo que se están desarrollando en las cuatro comunidades y que ha permitido que «el lobo goce de una situación favorable». Y apostilló: «Es la primera vez que se hace algo así basándose en opiniones absolutamente subjetivas». Que «no se nos haya avisado con anticipación» es la gota que ha colmado el vaso.
«Hay miedo al diálogo», criticó consejero de Medio Ambiente de Castilla y León. Juan Carlos Suárez-Quiñones fue incluso más allá, al asegurar que «se ha atacado nuestra soberanía» y «despreciado nuestra gestión» en esta materia. Los planes autonómicos para el control del lobo, que quedan sin efecto al entrar esta especie en régimen de extrema protección, se enmarca dentro de la normativa europea, «por tanto, se le está enmendando la plana a Europa», concluye Suárez-Quiñones, para quien «hemos dado buena muestra de nuestro trabajo por la conservación» del medio natural, incluido el lobo.
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