Educación en Asturias

La comunidad educativa apoya una limitación de los móviles «que tenía que haber llegado antes»

La comunidad educativa asturiana acoge la propuesta con una mezcla de alegría por una medida que facilitará las cosas a los docentes y favorecerá la formación integral de los alumnos, e indignación por que no se hayan tomado medidas mucho antes frente a un fenómeno evidente a todos los niveles.

La directora del ovetense Colegio La Gesta, Elisa Fernández, indicó que «ya vamos por delante de la ministra. Esas medidas que dice ya las hemos implantado hace mucho tiempo. No necesitamos ninguna ministra para eso. Casi todos los centros de Primaria de Asturias hacemos lo mismo, es decir, el uso de móviles está totalmente prohibido en el centro educativo». Una decisión que está «en el Reglamento de Régimen Interior, aprobado en el consejo escolar, con participación de las familias».

Fernández subraya que en clase los niños, antes de usar el móvil, «lo primero es que estén aprendiendo a leer y a escribir, matemáticas, etcétera. Y en segundo lugar, y está científicamente demostrado, el uso excesivo o la sobreexposición a pantallas lo que hace es crear déficits en el aprendizaje».

Otro nivel es el de Secundaria y Bachillerato. El director del Instituto de Luarca, Jesús Fernández, insta a «sopesar en la balanza lo que aporta y lo que perjudica». Afirma que el móvil «sin duda es una herramienta que se puede utilizar pedagogicamente en multitud de usos. Sin embargo la evolución en su uso por parte de los muy jóvenes, alumnado ESO, hace ver que los perjuicios son hoy en día muy superiores a los beneficios, con lo que veo acertadas las medidas restrictivas».

Entre lo negativo, Fernández alude a las diversas formas de «acoso», a «lo atentos que están al dispositivo» y a «contenidos inapropiados», temas que la restricción de uso «corta». Y es que el mero hecho de «la desconexión, de por sí, puede ser muy interesante para los jóvenes».

Jesús Fernández tiene claro que en la ESO «la limitación tiene que existir», pero en etapas superiores «hay mucho alumnado responsable que lo utiliza de modo apropiado».

El director del Colegio Corazón de María, de Gijón, Simón Cortina, apoya la propuesta del ministerio, si bien precisó que «así lo venimos haciendo desde hace años en mi colegio y, por lo que conozco, en la mayoría de los centros de Escuelas Católicas de Asturias».

La logística a la que la prohibición obligaría a los centros complica el asunto: «La recogida, depósito y entrega de los móviles al comienzo y al final de la jornada lectiva lo veo complejo de gestionar y poco operativo», además de que «en muchas ocasiones el alumnado tiene necesidad de disponer del móvil antes y después de las clases. No creo que con carácter general se pueda prohibir el acceso al centro si el alumnado lleva su móvil apagado».

En todo caso, los docentes suelen distinguir entre enseñar y educar. Lo primero es cosa de los centros y de las familias. Lo segundo debería ser coto casi cerrado del entorno familiar: «Es fundamental, como ya se viene haciendo, educar al alumnado en el uso responsable de los móviles. Educarlo no sólo en el centro educativo. En este sentido es clave el papel de las familias y el ejemplo de los adultos».

Y las familias hablan. Gema Valdés, presidenta de la FAPA Miguel Virgós, afirma que respecto a limitar el móvil «en Primaria estamos convencidísimos. No entendemos por qué se llevan móviles. Ha habido algún caso excepcional, por temas de conciliación. Pero dentro del colegio no se utiliza el móvil como herramienta educativa. Las excepciones, que se hablen con los tutores».

Eso sí, y aquí se abre el debate: «En Secundaria es más conflictivo. Las prohibiciones en la adolescencia no son buenas. Creemos más en un sistema de formación y educación, incluidas las familias, que lo necesitamos tanto o más que nuestros hijos, sobre el móvil». Lo que pide es «que se les enseñe a utilizarlo y que vean que no es sólo para estar en redes sociales o publicar cosas digamos que sin importancia».

Respecto a la normativa que propone el ministerio, Valdés apoyaría «que hubiera unas pautas y normas generales por las que todos los centros se puedan guiar. Nos evitaría encontronazos con el profesorado, que en la mayoría de los casos vienen de las familias».

Desde otro instituto, el de Roces, en Gijón, su directora, Begoña Seijo, prefiere no prohibir: «Cualquier tecnología, como las calculadoras, que en su momento se veían perjudiciales, son herramientas que nos facilitan la vida». Y cree que el debate «llega tarde, hace veinte años que los móviles están en las aulas, y yo estoy más por el uso educativo. Pero eso implica que se haga en toda la sociedad, familias incluidas».

Avisa también de que el hecho de que «haya una norma nacional va a facilitar la labor al profesorado, pero en la práctica nos encontramos con situaciones difíciles. La mayoría de los problemas de indisciplina en los últimos años vienen derivados del uso del móvil».

Mientras que para los menores avisa de que a veces no son conscientes «de la gravedad de las cosas que hacen en redes sociales», Seijo coincide con Jesús Fernández en que «para Bachillerato y ciclos formativos no me parece descabellado usarlo, sobre todo para que aprendan a discriminar la información relevante de los bulos. En la ESO no lo descartaría, pero autorizado por el profesor, con normas».

Eso sí, reclama apoyo de las familias para cuando hay que prohibir «a quien lo use mal» y advierte, como Cortina, del poder de la ejemplaridad: «Los adultos tenemos una dependencia brutal del móvil: Algo está pasando con esa dependencia tecnológica».

Gumersindo Rodríguez, del sindicato ANPE, es claro: «El uso del móvil en el aula sólo se justifica por razones meramente académicas, que deben estar motivadas en cada asignatura». Fuera de eso, «es un elemento distractor que impide la concentración de los alumnos, pendientes de la mensajería en medio de clase. Cada español mira el móvil más de 100 veces al día de manera compulsiva, y los alumnos no son ajenos a eso».

Avisa Rodríguez del fenómeno del acoso con fotos o grabaciones, un «fenómeno creciente como alerta el Defensor del Profesor de ANPE». E insiste: «De nada sirve regular su uso en los centros educativos si no va acompañado de autorregulación y control parental». Por eso ve bien que haya un «marco normativo estable y no pasarle la patata caliente de la regulación a los colegios e institutos».

Cristóbal Puente, de UGT reclama que la normativa que se apruebe, lo cual apoya, «en ningún caso deberá alterar la práctica docente con actos burocráticos o nuevas responsabilidades para el profesorado. En la práctica, veo difícil prohibir llevar el móvil al centro. Lo único que se puede hacer es limitar su uso y, cuando éste sea indebido, aplicar el reglamento de régimen interno». Y señala que es «fundamental una formación para el uso responsable de los aparatos electrónicos y las redes sociales».

Una postura un poco más radical es la de Borja Llorente, de CC OO: «Debe prohibirse en todos los centros educativos, igual que cualquier dispositivo de grabación de audio y voz. Para todos los niveles educativos sin excepción».

Y lo explica: «Llevarlo al centro implica cuestiones legales sobre su depósito, así que lo mejor es que no lo lleven», mientras que «corresponde a las familias responsabilizarse y enseñarles a cumplir las normas».