¿Cómo proteger a las mujeres que no denuncian?

Una de las personas que mejor conoce la norma y el problema de la violencia de género es Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo y autor del 'Análisis de Feminicidios de Género en España en el periodo 2000-2015'. «El balance es positivo, pero es un éxito que hay que actualizar», concluye. Para empezar, «hay formas de violencia de género que no están contempladas en la ley», en realidad todas las agresiones que se sitúen fuera de una relación de pareja o expareja. Teruelo alude a la definición de Marcela Lagarde sobre violencia de género, que hace referencia a cualquier «agresión o ataque a una mujer por el hecho de serlo». Otros países, no España, recogen el delito de feminicidio. «Un cliente, entre comillas, que mata a una prostituta, es un claro ejemplo de violencia de género, pero ese caso no está amparado como tal en nuestra ley».

Las deficiencias siguen. «Uno de los defectos que tiene la ley es que todo el sistema de protección exige denuncia». Teruelo defiende que el sistema se ponga en marcha, al menos para hacer valoración del riesgo, aunque no haya denuncia de la víctima. «De las más de mil asesinadas desde 2003, más del 80% no había denunciado. Si el sistema sigue así vamos a dejar fuera al 80% de las que van a ser asesinadas». El experto recuerda que muchas situaciones de maltrato se conocen por vías no policiales, por lo que la ausencia de denuncia «no debería impedir que se tomaran determinadas medidas de valoración del riesgo de esa mujer y protección cuando sea oportuno. Para mí es una cuestión clave». Añade: «La Constitución nos obliga a no restringir los derechos y libertades del agresor, pero nada nos impide proteger a la víctima».

Javier Teruelo hace referencia a las cifras, las terribles cifras. Las estadísticas oficiales comenzaron en España en 2003, aunque Teruelo asegura que las había, aunque no oficiales, ya antes. En cualquier caso, desde entonces han sido asesinadas en España 1.033 mujeres y 34 menores. En Asturias, 26 mujeres y dos niñas. En nuestra comunidad se contabilizan más de 12.000 víctimas. Las últimas estadísticas (noviembre de 2019) indican que hay 1.371 casos activos y que 616 mujeres viven con protección policial. Dos de ellas sufren riesgo extremo.

Pero eso, precisamente, la valoración del riesgo, es otra de las cuestiones que tampoco está funcionando bien, dice Javier Teruelo. «El Viogen no acierta nada», asegura tajante. Lo dice alguien que ha analizado exhaustivamente las preguntas en las que se basa. «Tiene errores muy graves», añade. «En los casos más graves es casi como si se hiciera al azar, no da buen resultado». Teruelo parte de una base: la ley y, sobre todo, su intención inhibidora, es decir, de amenaza al maltratador con las medidas punitivas, da resultado en muchos casos. Pero no en los más graves, en los que acaban en asesinato. En esos casos, «el sujeto basa su propia existencia en la relación de dominio, y cuando percibe que esa relación se termina, cualquier amenaza que el sistema le haga le resulta irrelevante». Es el perfil del feminicida y para ellos no está pensado el Viogen, defiende Teruelo.

Algunos errores, dice, están en las preguntas que se les hacen a las víctimas. Por ejemplo, «¿ha intentado su pareja suicidarse?». «El feminicida no es un suicida, nunca antes lo ha intentado. Cuando decide matar, decide a la vez acabar con su vida, porque no concibe su existencia fuera de la relación de dominio». Por tanto, la víctima contesta que 'no' y «en cuanto se contesta 'no' a dos o tres preguntas, se concluye que no se aprecia riesgo extremo y no se adopta protección física personal, que es la que se requiere en estas situaciones».

Javier Fernández Teruelo aún indica algún déficit más del actual sistema: la preparación del momento de la denuncia. Todas las estadísticas, explica, confirman que el anuncio de la separación o divorcio es un momento peligroso. Es cierto que la mayoría de las asesinadas no habían presentado denuncia pero también lo es que «el 16% sí había denunciado y están muertas». Por lo tanto, en ese proceso, la víctima «tiene que estar muy acompañada, apoyada. No es cuestión de decir 'denuncio y vuelvo a casa'. Es un proceso largo, complicado, difícil, en el que la víctima desconoce lo que le va a pasar. No estamos acompañando debidamente a la mujer, ni somos conscientes del riesgo que dispara la ruptura». La conclusión de Teruelo es desoladora: «Si no denuncias el sistema no se activa, y si denuncias el sistema no te garantiza la protección física».

Teruelo admite, en cualquier caso, las bondades de una norma que fue pionera en su momento y que ha hecho que el número de denuncias pasaran de unas 12.000 en el año 1995 a las más de cien mil anuales de ahora. Una ley, y una concienciación, que ha permitido pasar de los chistes a la tolerancia cero.

La directora general de Igualdad del Principado de Asturias lo tiene igual de claro. Fue una ley «necesaria, importante, valiente y premiada, que creó órganos fundamentales como la Delegación del Gobierno por la Violencia de Género, el Observatorio Estatal, la Fiscalía Especializada...» y, sobre todo, «que sacó la violencia de género del ámbito privado» y nos permitió conocer el alcance de un problema «del que no teníamos ni idea. Fue, claramente, un antes y un después». Dicho todo esto, «el problema es que la ley no se ha cumplido. Es el mayor déficit: la falta de cumplimiento de la ley en su totalidad, especialmente el capítulo 1, dedicado a la educación». Que algo ha fallado ahí lo confirma el hecho de que cada vez haya víctimas más jóvenes, maltratadores adolescentes y menores que han normalizado el control que sus parejas ejercen sobre ellas. «No estamos educando en igualdad», lamenta Nuria Varela. «De los tres pilares de la ley, la prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas, ha fallado la prevención y educación».

No olvida Varela el papel que Asturias ha jugado en el nacimiento y desarrollo de la ley. Primero, porque fue el movimiento feminista «el que detectó el problema y se organizó». Y más tarde por pasos al frente como la apertura de la Casa Malva, en 2007, no solo por lo que supuso de atención integral a la víctima y sus hijos, sino por convertir lo que hasta entonces eran pisos ocultos en una infraestructura visible, «un lugar público, identificado, integrado en el barrio y la sociedad para que, de forma simbólica, sean el barrio y la sociedad quienes defiendan a las mujeres».

El trabajo pendiente para mejorar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se topa ahora con un obstáculo: el mensaje negacionista. «El discurso de Vox es una vergüenza. Los datos están ahí, no se pueden esconder la violencia, los asesinatos, las consecuencias en hijos e hijas de maltratadores. Nada me parece más infame que no respetar un minuto de silencio por las víctimas», condena Varela. «Lo que pretende Vox es volver 15 años atrás, al 'mi marido me pega lo normal'. Ante eso, tenemos que seguir trabajando duro».