El Comité de Discapacidad alerta del cierre de centros por falta de financiación

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad no ha gustado a nadie. Si los sindicatos consideran el acuerdo «insuficiente», las entidades sin ánimo de lucro lo ven «difícilmente asumible».

Así lo aseguró ayer en un comunicado el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Asturias (Cermi Asturias). La entidad, que aglutina a todas las entidades de personas con discapacidad de la región, como las grandes federaciones de Cocemfe y Plena Inclusión o la ONCE, quiso dejar clara su «preocupación y alarma» por la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.

Explican su temor en que las integrantes de Cermi Asturias prestan «servicios de carácter público, en gran parte por delegación, a través de subvenciones y plazas concertadas con las administraciones en los centros de atención a personas con discapacidad y sus familias».

Es decir, no cuentan con presupuestos propios, sino que dependen de los regionales o municipales, «por lo que los incrementos salariales del mencionado convenio son difícilmente asumibles por las entidades si no van acompañados del correspondiente aumento de la financiación pública».

Por ese motivo, anuncian que si «la subida salarial no va acompañada de un incremento de la financiación de los diferentes servicios, acorde a las nuevas tablas salariales, sumerge a las entidades en una complicada gestión económica; además, su carácter retroactivo supone un incremento de costes no previstos por las entidades al inicio del año».

En esa línea, si no hay un incremento de la financiación pública, anuncia Cermi Asturias que las diferentes entidades sociales «se verán abocadas al recorte de sus plantillas, a gestionar expedientes de regulación de empleo o, incluso, a la posible renuncia de prestación de algunos servicios»

Entienden que eso supondría «un retroceso considerable en la calidad de la atención», por lo que exige «la intervención de las distintas administraciones para salvar esta situación».