La comisión del ERA urge al Principado a «pedir disculpas públicas» por los cobros indebidos

Esas son las principales conclusiones del dictamen emitido por la Comisión de Investigación sobre la Gestión Social, Económica y Financiera desarrollada por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Unas conclusiones que dan la razón a las familias que, en 2015, comenzaron a denunciar la llegada de facturas muy elevadas, de hasta 100.000 euros, por el uso de una plaza geriátrica pública. Las facturas tenían un denominador común: llegaban años después del fallecimiento del usuario de la plaza y no figuraba en ella el descuento al que, como beneficiario de la Ley de la Dependencia, el titular tenía derecho».

El dictamen, aprobado con los votos del Partido Popular, impulsor de la comisión de investigación, Podemos y Ciudadanos, recibirá mañana en el pleno el voto particular de PSOE e IU, no conformes con el dictamen de una comisión con la que nunca estuvieron de acuerdo.

Durante nueve sesiones, entre el 16 de enero y el 20 de febrero pasado, por la comisión pasaron las que fueron consejeras de Bienestar, así como gerentes del ERA, técnicos, miembros de la Sindicatura y familiares afectados por el cobro de las facturas. Concluye la comisión que el ERA nunca tuvo, ni desde su puesta en marcha, en 1991, un control y registro actualizado de los usuarios, de su capacidad económica ni de la deuda generada. De hecho, antes de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, en abril de 2006, los usuarios que no tenían ingresos suficientes para pagar la cuantía total del coste, la mayoría, aportaban el 75% de su pensión. Después, no se enviaba factura a las familias.

Todo se complicó a partir de 2006, ya que las personas con dependencia tenían derecho a una ayuda para pagar la residencia.

Esa cuantía, que sí recibió el Principado, no consta en las facturas cuestionadas, ya que hasta 2011 no hubo un decreto de copago. «Una gestión errada», «sin inventario» «ni recursos suficientes» ha obligado a la revisión de más de 3.000 facturas, cuyos sobrecostes están siendo devueltos. Pero eso no devolverá «las renuncias a la herencia de muchas familias», ante la imposibilidad de hacer frente a un coste que, en realidad, su familiar ya había pagado.