La comisión del ERA responsabiliza a nueve consejeros de una mala gestión

En concreto, hace responsables de una «gestión errada» en el ERA a la actual titular de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela y a los exconsejeros José García, Pilar Rodríguez, Teresa Ordiz, Esther Díaz y Graciela Blanco, del PSOE; Laura González y Noemí Martín, de IU, y Paloma Menéndez, de Foro.

El dictamen, elaborado por Podemos y apoyado por PP y Ciudadanos, será aprobado este viernes en el último pleno de la Junta General del Principado en esta legislatura, sesión en la que se debatirán también los dos votos particulares presentados al texto por socialistas e IU que, junto a Foro, votaron hoy en contra del texto en la última reunión de esta comisión de investigación.

El dictamen redactado por la presidenta de la comisión, la diputada de Podemos Rosa Espiño, señala que la reparación a los afectados por unas liquidaciones de deuda erróneas «debería ir acompañada de las disculpas públicas de las personas responsables» por los «perjuicios económicos y morales» que han causado.

La investigación ha abarcado desde la creación del ERA en 1991 hasta la actualidad, pero se ha centrado en el periodo comprendido desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2006 hasta 2013.

En esos años no se aplicó el copago previsto en esa ley a unos 2.800 residentes del ERA que tenían reconocida algún grado de dependencia, lo que obligó a que la Consejería de Servicios Sociales revisase las liquidaciones que se les efectuaron.

A raíz de ese problema se creó en febrero del pasado año y a propuesta del PP esta comisión parlamentaria que ha llevado a cabo la mayor parte de las comparecencias en los dos primeros meses de este año, más de medio centenar.

El dictamen afirma que hasta 2006 el ERA no tuvo un procedimiento para realizar liquidaciones parciales de deuda y que, desde ese año y hasta 2013, a los residentes dependientes se les ocasionó un perjuicio económico y que algunos expedientes de liquidación de deuda prescribieron porque hasta 2012 estuvieron paralizadas.

Para evitar este tipo de situaciones, recomienda que mejorar los cauces de comunicación del ERA con la familia y que mensualmente se remita con detalle el coste del servicio, la deuda generada mes a mes y la total.

La elaboración de una base de datos de usuarios y de un manual sobre la tramitación de liquidaciones, la realización de un estudio de todos los importes pendientes de cobro y la elaboración de censos anuales de plazas residenciales por centros también se encuentran entre las recomendaciones al ERA.

Asimismo, plantea la necesidad de acometer con urgencia la dotación de más recursos humanos e informáticos para la gestión del ERA.

Para IU, se trata de un dictamen que incluye «numerosas expresiones que no han sido acreditadas» en la comisión y que han sido elegidas «a partir de la premisa de que sólo la versión de una parte de las personas comparecientes puede ser considerada veraz».

En su voto particular, la coalición critica que el dictamen dé a entender «una realidad que nunca ha resultado acreditada, pero que encaja a la perfección en el relato preelaborado del que se acabaran extrayendo conclusiones y reproches gruesos».

Por su parte, el PSOE también ha mostrado su contrariedad con las conclusiones y responsabilidades achacadas por parte de la comisión, críticas que especificarán al defender su voto particular en el pleno parlamentario del próximo viernes.

El ERA gestiona actualmente 3.1924 plazas propias en residencias y otras 2.171 en centros concertados, además de más de 500 en centros de día, maneja un presupuesto anual superior a los 122 millones de euros y cuenta con más de 1.500 trabajadores.