¿Deben los profesores suministrar medicamentos?: Asturias reabre el debate

Hace solo una semanas, el Principado presentaba la nueva guía que debe facilitar la atención del alumnado con diabetes mellitus tipo 1 en los centros escolares «de modo seguro y eficaz». El objetivo, «proporcionar a los equipos docentes y al personal administrativo los conocimientos necesarios para asistir a estudiantes con esta patología y garantizar su plena inclusión». Lo que debía ser una buena noticia, especialmente para esos niños y sus familias, se ha convertido en una enorme preocupación entre el profesorado. Al menos así lo ha trasladado ANPE, sindicato mayoritario en la red pública y que, junto al sindicato de enfermería SATSE, ha puesto el tema en manos de sus servicios jurídicos nacionales.

¿De dónde viene el problema? En dicha guía se contempla que el profesorado esté formado y autorizado para el suministro de medicamentos como la insulina, así como para la realización de una glucemia capilar e interpretar el sensor de la glucosa. También recoge que «en el caso de que el alumnado requiera colaboración del personal del centro educativo para la administración de insulina, se instruirá a este personal en la técnica de administración, así como en la correcta manipulación y deshecho de los objetos punzantes utilizados».

«La reciente asignación de funciones sanitarias al personal educativo excede lo previsto en la Resolución de 2015, concebida con un carácter meramente indicativo, y contraviene la normativa vigente en materia de competencias profesionales del personal docente y sanitario», explica Gumersindo Rodríguez.

El portavoz sindical quiere lanzar dos mensajes. Por un lado, defender la posición de los docentes: «Claro que tenemos empatía y no queremos ver a ningún niño enfermo. Cualquier docente actuaría en un caso de emergencia«. De hecho, asegura que »muchos profesores están trasladando a los alumnos a los centros sanitarios ante la tardanza de las ambulancias«. Y, en segundo lugar: »Los padres firman un documento que exonera de responsabilidad a los profesores. Pero ese documento es papel mojado. La jurisprudencia es clara: no exime en ningún caso de responsabilidad penal al docente«. Rodríguez se hace preguntas: »¿Y si el profesor confunde una hipoglucemia con una hiperglucemia? ¿Y si pone mal la inyección?«

Y esta última es la cuestión que ANPE quiere trasladar a todos los docentes y, de hecho, van a iniciar una campaña con este objetivo: «Si lo hacen de forma voluntaria, deben tener claro que aquí no vale ser voluntario. Y si lo hacen porque han sido nombrados por el Comité de Salud del centro, lo mejor es que consulten con nuestros servicios jurídicos, porque están cometiendo intromisión profesional«.

Le ha enfadado al portavoz sindical, especialmente, dos fotografías que profesores de centros de Asturias le han hecho llegar estos días y en las que se pueden ver documentos «expuestos en lugares de tránsito y acceso no restringido, con los datos personales de alumnos, padres y directores a la vista», en los que se indica cómo vigilar y actuar en el caso de alumnos con diferentes alergias.

Resume los tres principales obstáculos que ve en esta situación: intrusismo profesional, ya que «la administración de medicamentos es una función inherente a los profesionales sanitarios, especialmente enfermeros, que cuentan con la formación y acreditación necesarias para realizar estas tareas de manera segura y efectiva»; la falta de formación adecuada y seguridad del paciente y la responsabilidad legal. A eso suma la «sobrecarga de funciones».

El debate sobre la administración de medicamentos al alumnado en los centros escolares no es nuevo. Por parte de ANPE, la batalla, incluso jurídica, comenzó en 2014, cuando Ana González, entonces consejera de Educación del Principado, creó los Comités de Salud de los centros. En aquel momento, el sindicato no consiguió el respaldo de los tribunales porque «no había una orden clara que dijera que los profesores tenían que hacerlo». Desde entonces se han ido sucediendo los encontronazos. Por ejemplo, con el proyecto de Ley de Salud Escolar, que no regula la figura de la enfermera escolar, una figura muy demandada entre los sindicatos docentes y los sanitarios.

Ahora, ANPE considera que la guía de la diabetes «es solo el primer paso». Por eso, el sindicato ha puesto el tema en manos de sus servicios jurídicos, a nivel nacional, para pelear en los tribunales, algo a lo que podría sumarse SATSE, que también ha censurado que el Principado no haya aprovechado la redacción de la Ley de Salud Escolar para regular la enfermera escolar.

Y en medio de todo esto, los pequeños que necesitan la colaboración de un adulto para la supervisión de su estado y la lógica preocupación de las familias. La Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias (ASDIPAS) ha defendido la guía.

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