El Colegio de Educación Social pide al rector que aclare si la universidad apoya su titulación

El documento de Cristina López Duarte anota que los graduados de Trabajo Social podrían ejercer las funciones que, por ley, le corresponden a los titulados en Educación Social, y ante esta situación, el Colegio de Educación Social del Principado ha informado hoy de que «dada la gravedad de estas afirmaciones, se ha visto obligado a comunicar esta actuación a la Conferencia de Decanos de las Facultades de Educación - CoDE, órgano que aglutina a decenas de facultades y Centros de Educación Superior de Ciencias de la Educación, así como al Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales - CGCEES, que integra los Colegios Profesionales instaurados en cada una de las comunidades autónomas de nuestro país».

Considera el Colegio de Educadores Sociales de Asturias que «este escrito, carente de fundamento sobre el origen de la competencia en Intervención Socioeducativa y su rama de conocimiento, no solo contraviene la norma universitaria, sino que también vulnera principios de idoneidad y exclusividad de nuestra disciplina, además de no discernir el ámbito y campo de estudios propios de cada profesión».

Además, el órgano colegial asevera que «la Decana, al atribuir funciones y competencias específicas de la Educación Social a otra disciplina, socava la credibilidad del Educador y Educadora Social como agente clave en la Intervención Socioeducativa, generando una confusión intencionada entre ramas de estudio y titulaciones académicas claramente diferenciadas. Este tipo de planteamientos resultan especialmente preocupantes cuando proceden de una institución académica relevante como la Universidad, que debería garantizar el rigor académico y la diferenciación entre los distintos ámbitos profesionales».

Más allá de la norma universtiaria aludida, el colegio indica que «el trasfondo del conflicto sigue siendo el mismo desde hace meses; una lucha desigual donde los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, USIPA, ISA y FSES, que integran el Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y el de Hacienda y Fondos Europeos lo único que persiguen es horadar la calidad de la asistencia a las personas más vulnerables, niñas, niños y adolescentes, así como perpetuar lo que lleva ocurriendo desde hace más de 30 años, donde no se requiere la titulación específica de Educador Social para ejercer la Educación Social».

Por todo ello, el colegio ha dado «traslado a los organismos citados para que lleven a cabo las acciones que consideren oportunas, que en el caso del Colegio Profesional de la Educación Social del Principado, como Corporación de Derecho Público que representa a todas las y los profesionales de Asturias, nos ha obligado a solicitar la rectificación inmediata a la Decana, así como dar traslado al rector de la Universidad de Oviedo, don Ignacio Villaverde, para que le inste a ello, y en caso de no hacerlo, proceda a su cese como decana de la facultad, dadas las graves consecuencias, no solo académicas, sino institucionales y administrativas, que acarreará este posicionamiento».