Cogersa logra luz verde a su mayor planta de reciclaje, en la que invertirá 58 millones

Asturias es la comunidad que más proporción de desperdicio urbano echa al vertedero, lo que le expone a acabar sancionada por parte de Bruselas. Además el Gobierno central quiere aplicar a partir de este año un impuesto que grave cada tonelada arrojada a basurero. Su propuesta es cargarla con 40 euros en el caso de la basura doméstica, lo que, de ser aprobado, obligaría a los asturianos a pagar una penalización de 14,4 millones al año.

Para cambiar su modelo de gestión Cogersa ha diseñado un complejo al que dedicará 58 millones. La autorización que ayer le dio la Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias le deja solo pendiente de la licencia municipal de obras.

El complejo está compuesto de tres plantas: la que procesará la bolsa negra, la de clasificación de voluminosos y residuos industriales no peligrosos, y la última, que recogerá los desperdicios de las anteriores y con ellos producirá combustible sólido recuperado.

Vamos por partes. La bolsa negra es esa que los asturianos arrojan con desperdicios mezclados. El pasado año sumaron 360.000 toneladas, lo que supone cerca de un kilo de desperdicio al día por cada asturiano. Hasta ahora se enterraban directamente en el vertedero. A lo que el ciudadano no entregaba en los contenedores azul, verde, amarillo y marrón, no se le sacaba ningún partido.

En la nueva planta esas bolsas pasarán por cintas transportadoras, serán abiertas mediante cuchillas, y después el desperdicio entra en zonas con imanes y tamices para ir rescatando los materiales aún reutilizables. Se ha diseñado con una capacidad de procesado de 340.000 toneladas anuales y se estima que las máquinas y operarios serán capaces de rescatar entre el 30 y el 85% del vidrio, aluminio, acero, y brick que los asturianos arrojan mezclados en estas bolsas.

La fracción orgánica que queda será sometida a procesos de filtración, compactación y secado. Habrá otra planta de clasificación de industriales no peligrosos y muebles, enseres voluminosos y maderas, que recibirán unas 75.000 toneladas al año. Van a ser machacadas y reducidas a su mínima parte, al objeto de mezclarse con el desperdicio orgánico antes tratado.

La masa resultante pasa por un proceso de maduración y el resultado final son fardos de alto poder calorífico. Lo que se conoce como combustible sólido recuperado. Cogersa espera tener el complejo en marcha en 2023 y produciría 160.000 toneladas anuales de ese combustible, 32.000 de material orgánico estabilizado y confía en sacar 84.000 de materiales recuperados.

El vertedero seguirá haciendo falta, aunque menos. Aproximadamente un 23% del material que entrará en el complejo saldrá en forma de rechazo, esto es, materia no reutilizable. La gran inversión de Cogersa soluciona un problema arrastrado largamente, como es el abuso del vertedero y las sanciones e impuestos que se le van a asociar. Sin embargo abre la puerta a otro nuevo: el destino que tendrá ese combustible y el bioestabilizado.

Ese es uno de los mayores retos que afronta la nueva gerente de Cogersa, Paz Orviz. En una jornada el jueves, ante una directiva del Ministerio para la Transición Ecológica, manifestó que buscar solución al bioestabilizado «es un gran problemaq para las comunidades autónomas, necesitamos un marco jurídico estable para que no acabe en el vertedero y es una necesidad imperiosa».