Cofiño dice que «no hay una base legal sólida» para dar salida a los interinos

Hay consenso político en reducir la temporalidad, pero eso obliga a tomar partido. Los interinos reclaman que se les compense por los años de abuso convirtiéndolos en fijos; eso reduciría las plazas a las que pueden optar quienes sacan oposiciones sin haber trabajado antes para la administración. Hay choque de intereses y de legalidades. El Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración reclama la fijeza amparándose en la lectura que hace de directivas y sentencias comunitarias. El Principado y los jueces la niegan aplicando normativa estatal.

«El proceso de regularización de la excesiva tasa de interinos se ha ido acumulando y es una de nuestras prioridades», indicó ayer el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. Aunar los derechos de quienes opositan y el de los trabajadores temporales «es un concierto difícil y complicado, una problemática común al resto del territorio y no hay una base legal sólida a nivel estatal ni europeo», consideró. «Lo estamos reclamando nosotros y los propios jueces que se enfrentan a este tipo de recursos», anotó.

La herramienta que pide el Principado es una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que blinde soluciones pensadas para los interinos de larga duración. En ausencia de esa «base legal sólida, que espero que el Gobierno de la nación y el parlamento legislen, nosotros vamos a ir procediendo a lanzar concursos oposiciones que ponderen ese esfuerzo», apuntó.

El departamento revisó sentencias y normativa y entiende que eso es todo lo más que puede hacer, es decir, elevar la puntuación que da a los años de experiencia en los concursos oposición.

La oferta no convence al sindicato nacional de temporales. «Si reconoces que tienes a personas en situación de fraude, lo que debes hacer es regularizarlas», mantiene su presidente, Antonio Navarro. Ofrecer puntos por experiencia es «meter toda la temporalidad en el mismo saco, la lícita y la ilícita, además de incumplir la legalidad», sostiene. Su interpretación es que hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según las cuales «lo primero es resarcir a los interinos del abuso, con una indemnización disuasoria o a falta de una normativa, dando la fijeza en el empleo». El magistrado de lo contencioso-administrativo José Ramón Chaves tiene publicados análisis que entienden que la doctrina comunitaria recrimina el abuso pero deja en manos de los jueces nacionales su compensación en cada caso. Otros ven en las sentencias margen para reconocer al interino su pase a fijo no funcionario de carrera.

La Junta General del Principado apuesta por esta vía. A finales de marzo aprobó una proposición no de ley instando a la regularización de los interinos, algo que en el Gobierno regional entienden que vulnera la ley.

Establecido el conflicto, el Principado podía esperar a que la solución para los interinos llegara de esa reforma del Estatuto básico del empleado público o avanzar. De nuevo era elegir entre intereses contrapuestos. Hay funcionarios que se impusieron en las ofertas públicas de empleo de 2017, 2018 y 2019 y están a la espera de destino. Las leyes de Presupuestos Generales del Estado de esos ejercicios que regularon los procesos de selección apuestan por consolidar las plazas que «hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores».

La Junta General del Principado ha solicitado paralizar esos concursos precisamente para no entregar a los funcionarios de nuevo ingreso los empleos que ahora tienen los interinos. Cofiño contrapone que la ley de presupuestos estatales está ahí y «obliga a que las ofertas públicas de empleo se dirijan a los puestos cubiertos por temporales durante más de tres años».

Esperar a que el Gobierno central dé una nueva base jurídica supone quedar a expensas de «procesos legislativos largos y complejos», dice. A su juicio «la situación en Asturias no admite esperas excesivas», de ahí que avance para entregar a funcionarios de carrera destinos que los interinos perderían este otoño.

«El problema lo creó la administración y encima quieren que lo paguemos nosotros», recrimina el sindicato de temporales, que saldrá en caravana el domingo que viene en Gijón bajo el lema «fijeza ya».