VÍCTOR TREVIÑO
GIJÓN.
Jueves, 6 de diciembre 2018, 02:20
«Quien haya cobrado el salario social de forma indebida tendrá que devolverlo». La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Valera, anunció este miércoles que quienes se hayan beneficiado de esta ayuda sin cumplir las condiciones requeridas estarán obligadas a ... devolverla. Una respuesta contundente ante una pregunta del diputado del Partido Popular, Matías Rodríguez Feito, que acusó al Gobierno regional de contar con un proyecto «lastrado que obligará a los asturianos a abrocharse el cinturón».
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Según anunció Varela en la comparecencia sobre presupuestos, su departamento contará con una partida de 439 millones de euros para el próximo año, «lo que implica un incremento del 12,3% respecto a la dotación de 2018». Lo anunció en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General, en la que desgranó las cuentas de cada uno de los programas de su consejería.
Según detalló, la partida para el salario social básico será de 124 millones de euros, a fin de «atender a 22.600 familias». En este sentido, señaló que esta cifra «sigue creciendo para hacer frente a la demanda existente». Además, Varela también apuntó que desde la consejería dedican «más esfuerzo» a revisar las peticiones de esta ayuda social porque «tiene unas condiciones que todo el mundo debe cumplir».
Por otra parte, el organismo autónomo de Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) contará con 101 empleados públicos nuevos. Este ente se llevará 135,3 millones de euros, «lo que refleja un aumento del 10,57% respecto a este año». Asimismo, se destinarán 1,75 millones para la construcción de la residencia de Lugones y la redacción del proyecto de edificación de la de Cangas de Narcea. Esto, explica Varela, «supondrá un salto cuantitativo y cualitativo en la gestión de este organismo».
El Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia (IAAII) contará con 25 millones de euros, entre los que figuran 12 para «implementar el nuevo programa de atención a menores con problemas de salud mental».
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En cuanto a Dependencia, la consejería recuperará la cuantía mínima para personas dependientes, una dotación perdida en 2013. A esta cartera se destinarán 15,7 millones para financiar los servicios de ayuda a domicilio y tele asistencia.
Con todo ello, la Consejería pretende «reforzar» las políticas de protección dirigidas a las personas con especiales dificultades, con el fin de «asegurar los recursos que afianzan la cohesión social» en el Principado de Asturias, mediante unos presupuestos que «previsiblemente saldrán adelante con los votos favorables de Podemos e IU el próximo 28 de diciembre en la Junta General». Estas acciones, subrayó la consejera, «aseguran la vertebración del territorio y garantizan la equidad social».
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