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CH. TUYA
GIJÓN.
Martes, 23 de febrero 2021, 02:17
El atasco en la gestión del ingreso mínimo vital, con la anulación del proceso realizado en junio por 9.000 personas sin que aún se conozca qué ocurrirá con esos expedientes, ha vuelto a poner de manifiesto la «presión» que sufren los profesionales de trabajo social.
«Están desbordados», aseguró ayer en rueda de prensa el portavoz de Podemos, una aseveración que comparte el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA). Si la norma dice que debe haber un profesional de esa categoría por cada 1.700 habitantes, «en Asturias, por ejemplo, tenemos a las compañeras de Trabajo Social Sanitario que gestionan los casos de, al menos, dos centros de salud. Incluso hay áreas donde dos personas gestionan seis».
Una presión que se ha visto incrementada con la aprobación, sobre el papel, del ingreso mínimo vital. Pese a ser «una prestación de la Seguridad Social», el peso de la gestión ha recaído en los servicios sociales de ámbito municipal, así como en los equipos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
«Lo que ha ocurrido con el ingreso mínimo vital viene a sobrecargar innecesariamente un sistema de servicios sociales que ya de por si está desbordado», explica el COTSA. Así, asegura que «la demanda en vivienda también está desbordada. Actualmente hay una lista de espera de hasta cinco meses cuando en la norma se prevé un periodo de dos meses para la resolución. Y la solicitud de ayudas de emergencia se ha triplicado».
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