La cifra de perceptores de salario social retrocede a niveles de 2012

CHELO TUYA

GIJÓN.

Lunes, 26 de agosto 2024, 02:00

Mientras la cifra de asturianos que viven gracias al ingreso mínimo vital, la prestación estatal implantada en 2020, va al alza, la del salario social, la prestación regional que el Principado creó en 2005, disminuye.

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Tanto que a fecha 24 de julio, el último dato ... cerrado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, son 9.818 las personas que perciben esta renta mínima. Una cifra nunca vista desde 2012.

La ayuda que se implantó en diciembre de 2005 a instancias de IU, en aquel momento socio de Gobierno del PSOE en el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces, llegó a su máximo en 2018, con 22.485 perceptores. Los cálculos técnicos hablaban de 2,2 beneficiarios por cada nómina de salario social, de forma que la cifra de asturianos que vivían de la ayuda en 2018 rozaba los 50.000.

La crisis de 2008 disparó las peticiones, situación que se vio agravada por el colapso en la gestión. Llegó a tener a más de 6.000 personas a la espera de respuesta a su solicitud. La creación de un equipo específico para atender esas peticiones logró agilizar la atención, hasta que ahora son solo 267 las peticiones pendientes de tramitar. Y con una demora máxima que no llega a dos meses, como marca la ley.

No asumir la gestión

De hecho, en el último mes solo se sumaron 84 beneficiarios más, ya que para la mayoría de las personas sin recursos económicos es más rentable acceder al ingreso mínimo vital. Las tablas de 2024 indican que una persona que vive sola tiene derecho a 473,27 euros de salario social, pero el ingreso mínimo vital sube a 604,21 euros al mes.

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Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se sigue trabajando en la pasarela de perceptores del salario social al ingreso mínimo vital. Una de la que Asturias fue pionera, aunque luego tuvo que reclamar al Ministerio de Inclusión el pago de las cantidades adelantadas.

Lo que ha descartado el Principado es asumir la gestión de la prestación estatal. En la actualidad, solo lo hacen País Vasco y Navarra.

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