Las fugas de adolescentes de los Centros de Menores del Principado son «continuas y, en ocasiones, duran meses». Lo dicen las familias de los residentes, diferentes expertos consultados por este periódico e incluso profesionales del sector. Una situación, además, que les pone en riesgo ... de caer en el mundo delincuencial o de sufrir todo tipo de abusos, incluso ser víctimas de explotación sexual. Vaya por delante que la situación es generalizada en todas las comunidades autónomas de España, que los factores de que esto ocurra son múltiples y que la Consejería de Derechos Sociales ya ha puesto en marcha estrategias para tratar de solucionar un problema que tiene complicada solución. De la mano de Médicos del Mundo, según explica la propia asociación, «se están realizando en colaboración con el Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia y Familias, que está desarrollando una estrategia innovadora y eminentemente preventiva, talleres de sensibilización y acercamiento al fenómeno de la explotación sexual de la infancia y adolescencia; y formación especializada en detección de casos y pautas de intervención a los menores».
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Otros profesionales, que aplauden ese tipo de esfuerzos, opinan sin embargo que las estragegias deben ser más ambiciosas. «Es el sistema el que no funciona, habría que cambiarlo desde cero», cuenta Noemí Pereda, profesora de Victimología de la Universidad de Barcelona y coautora de la 'Guía común de actuación para la detección, notificación y derivación de casos de explotación sexual contra la infancia en centros residenciales, con especial atención a niñas y adolescentes' publicada por el Ministerio de Igualdad en 2022. Junto con un estudio de prevención del riesgo de explotación sexual de los niños y adolescentes en los centros de menores de Cantabria y otros estudios de ámbito europeo, son las únicas fuentes disponibles para medir la dimensión de una situación, la del riesgo de explotación de menores fugados de los centros de menores, que desde el diario EL COMERCIO hemos puesto sobre la mesa a raíz de una presunta agresión sexual el pasado mes de agosto en Gijón a una menor de 14 años que se había escapado de un centro asturiano.
Además, este periódico desvelaba también la pasada semana la existencia de una «organización criminal» –con la que estaba implicado el agresor de esa misma adolescente– dedicada a «facilitar drogas a cambio de sexo» a menores, según recoge el atestado policial. Los dos casos están pendientes de juicio, y en el relativo a la trama criminal hay al menos otra víctima que también estaba bajo la tutela del Principado.
No es difícil acudir a otros casos recientes de abusos a chicas escapadas de los centros. En San Mateo, en Oviedo, en septiembre de 2022, sufrió una violación una menor tutelada –también fugada de su centro– y el autor aceptó abandonar el país a cambio de no cumplir condena. Hubo otra agresión 'en manada' en un piso de Oviedo en 2020 que fue juzgada a finales del año pasado, en el que dos de los acusados fueron condenados por violación de una menor tutelada mientras otros dos miraban y se masturbaban. Informaciones, todas ellas, que han motivado que tanto PP como Vox vayan a preguntar en el próximo pleno ordinario de la Junta General a la consejera de Derechos Sociales sobre la gestión de su departamento y sobre los centros de menores, respectivamente. Tanto estos dos partidos como Podemos ya pidieron explicaciones públicamente a través de este periódico. El portavoz del Gobierno reconoció que estaban trabajando «intensamente».
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«Es un problema muy grave», denuncia Noemí Pereda. Y cree que, desde las administraciones, parecen «incapaces» de abordar el problema. Y es que los residentes en centros de menores están en «riesgo extremo» de sufrir explotación sexual, sobre todo cuando se encuentran fugados. Según los estudios mencionados, entre la población general sufren explotación sexual uno de cada 40.000 niños y adolescentes. En el caso de residentes en centros de menores, esta cifra se eleva a uno de cada 4.000. En las fugas del hogar, se calcula que son uno de cada 20. Y en el caso de menores huidos de los centros de acogida, uno de cada ocho: cree Pereda que el porcentaje real está entre el 15% y el 20%. En el estudio realizado en Cantabria en 2023, por ejemplo, resulta preocupante la tendencia al alza de casos de explotación sexual a menores, tanto a nivel nacional como regional. Tras hablar con 16 profesionales del sector, el 20% reconoce haber conocido algún caso. Y el 48% cree que podría haber casos no detectados en esta comunidad. Cuando se le pregunta a los propios residentes en centros de menores cántabros, las cifras asustan. El 43% dice conocer algún caso de explotación sexual en su entorno y el 17,4% de los 125 encuestados explica que ha estado implicado en un caso de explotación sexual en el último año.
Los profesionales consultados por este periódico hablan de múltiples factores que llevan a los menores a tal grado de vulnerabilidad. Entre ellos, el hecho de que provienen de familias con problemas, algunos de abusos y maltratos. Son niños y adolescentes faltos de cariño, de referencias emocionales, lo que los hace víctimas fáciles para los explotadores. Algunos de los que trabajan con ellos reconocen que hay «escasez de medios personales» para poder darles una atención pormenorizada. Y aunque los centros asturianos no tienen más de 30 residentes asignados cada uno, en algunos momentos puede haber «solo dos personas al cargo de todos ellos». Adolescentes, que son los que protagonizan la mayoría de las fugas, algunos con problemas de comportamiento y adicciones, comparten centro con bebés o grandes dependientes. Hablan de chavales con «30 o 40 fugas acumuladas». Otros no tienen tantas: se tiran «hasta tres meses fugados». Algunos policías lamentan tener que «hacer de taxistas» llevándolos a los centros para que vuelvan a escaparse al día siguiente. «Así es imposible generar un vínculo afectivo, los niños prefieren estar con sus explotadores que en los centros», resume Pereda.
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