Los centros de menores asturianos se alzan contra el Principado: «Hay 600 empleos en riesgo»

Es decir, las plantillas de todos los centros de acogimiento y tutela de menores, los que dependen de la consejería que dirige Marta del Arco, así como la del centro de internamiento, el de Sograndio, que depende del departamento que dirige Guillermo Peláez, se han alzado contra una decisión del Principado «que beneficia a una universidad privada».

Lo dicen porque, para convertir en funcionarios a los educadores que llevan años de trabajo en la administración pública, «se exige una única titulación de un día para otro», una titulación que, explican, «es impartida por una universidad privada, lo que supone un desembolso económico y de tiempo que no todo el mundo se puede permitir». Se refieren a que se exige el título de educador social impartido por la Facultad Padre Ossó. «Este gobierno social y progresista está favoreciendo claramente a una universidad privada», critican los sindicatos, que precisan que «la ley no exige limitar a esta titulación concreta, sino que es el Principado el que toma esta decisión».

Apuntan, además, que «es la primera vez en la historia que se modifica una oferta de empleo público ya aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), la de 2023 y que constaba de 64 plazas de titulado de grado medio educador». Explican los sindicatos que «muchas personas llevan estudiando meses para este proceso selectivo al que ahora ya no se podrán presentar», ya que no tienen la titulación de la Padre Ossó. «Y son trabajadores que llevan en su puesto desde hace años».

De acuerdo a sus cifras, «al exigir esta titulación de un día para otro, se dejará sin trabajo a la mayoría de las casi 600 personas que componen la lista de empleo para personal temporal de educador y que trabajan en estos centros». Aseguran que se trata « de personal con amplia experiencia y formación, que les ha impartido la misma administración para especializarlos en sus puestos de trabajo y que ahora engrosarán las listas del paro».

Los integrantes de ambos comités consideran que esa titulación impuesta «supone mermar las condiciones laborales del personal fijo, que quedará dividido entre funcionarios y laborales». Se perderán, aseguran, «opciones de traslado y tampoco se podrán funcionarizar puesto que, prácticamente, nadie tiene la única titulación exigida, aunque sí tienen titulaciones universitarias de la rama socioeducativa».

También se verán afectados «los auxiliares educadores fijos», un colectivo «muy numeroso al que se le coarta su derecho a la promoción interna y se les priva de desempeñar puestos de superior categoría, cuando ahora sí podían ejercer con sus titulaciones».

«Ni una sola persona en el puesto de educador perderá su empleo fijo, ni los que aprobaron su oposición ni las 50 personas que han estabilizado recientemente». Desde el Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado (Copespa) se ven las cosas diferentes a la de los comités de las consejerías de Derechos Sociales y de Hacienda.

En una nota hecha pública tras conocer la posición contraria de los sindicatos, el Copespa afirma que «cada disciplina permite adquirir unas competencias profesionales que son propias», por lo que «la Educación Social no pretende ejercer la profesión de magisterio, psicología o trabajo social», titulaciones que sí han sido admitidas, hasta ahora, para ocupar una plaza de educador social.

El órgano colegial califica de «insensato» el hecho de que «en Asturias no se exija para el ejercicio de una profesión la titulación que corresponda porque no exista una universidad pública presencial», ya que, «según ese criterio, tampoco habría en el Principado farmacéuticos, veterinarios o arquitectos».

Recuerdan que «en la primavera de 2023 todos los grupos parlamentarios, sin excepción, apoyaron la creación del cuerpo funcionarial de Educación Social», por lo que exigen a los comités de empresa de ambas consejerías «que cesen en su postura, que perpetúa una situación de intrusismo y deterioro de la calidad de los servicios públicos».