El centro de menores de Sograndio mantiene las rejas en las ventanas pese a la petición del Defensor del Pueblo

El organismo que dirige Ángel Gabilondo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), realiza visitas anuales a la instalación, que tiene capacidad para 68 menores. Todas, sin previo aviso. En la última, cuyo seguimiento acaba de ser actualizado, se insiste en reclamar al Principado la eliminación «de los barrotes metálicos de las ventanas, que favorecen la percepción de un aspecto carcelario».

La petición es añeja y el Principado ha ido cambiado su respuesta. De la inicial, que hablaba de un estudio técnico contratado que concluye «que es imposible eliminar las rejas, permitir la apertura de las ventanas a personas en situación de privación de libertad y, al mismo tiempo, garantizar su seguridad física», se pasó a la que habla de que «a lo largo de 2024 se procederá a la licitación del servicio para la redacción de un proyecto de ejecución de reforma integral en el centro a ejecutar en los próximos ejercicios».

Llegados a 2025, las rejas siguen. Y, por el momento, «no existe ni proyecto ni nada, puesto que el Principado no sabe aún si reformar este edificio o construir uno nuevo», explicó Aida Rodrigo, presidenta del comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos. Y ante esa situación, el Defensor del Pueblo ha vuelto a insistir: «En las visitas que realiza el MNP a centros de internamiento de menores infractores situados en otras comunidades autónomas, se constata que se utilizan un tipo de ventanas que no tienen rejas, y que cumplen con los requisitos de seguridad y ventilación». Por lo que el equipo de Gabilondo «reitera la recomendación». Y avisa. «será objeto de seguimiento en la próxima visita».

No es la de las rejas la única recomendación no atendida por el Principado. El Defensor del Pueblo también critica que en el centro no exista un sistema de llamada desde las habitaciones de los menores, o un sistema de apertura automática de las puertas. En todo momento, el Principado fía esos cambios a «una renovación integra del inmueble. A lo largo del año 2024 se procederá a la licitación del servicio para la redacción de un proyecto de ejecución de reforma integral en el centro a ejecutar en los siguientes ejercicios».

Pero «no ha sido así». Aida Rodrigo entiende que no están siendo atendidas las recomendaciones del Defensor del Pueblo y, lo más grave, «es que no tenemos un adecuado plan de emergencias o de evacuación en caso de incendio». En este sentido, pone un ejemplo claro, «si el fuego afecta a la planta cuarta, en la que se alojan las chicas, la única salida que tienen es saltar desde una ventana de un baño a un tejado».

¿Hace más recomendaciones el Defensor del Pueblo? Muchas. Que van de las arquitectónicas a las sociales. Entre las primeras figura la petición de eliminar las placas turcas de los baños del módulo terapéutico, el destinado a menores que cumplen condena y, además, tienen algún tipo de adicción. Un espacio separado del edificio principal con capacidad para ocho personas y que, actualmente, «está completo». Según el Principado, la obra se adjudicó en febrero de 2024 y en mayo de 2023 «se recepcionaron las obras».

Entre las segundas, el organismo oficial critica que las consultas psiquiátricas «se realicen con la puerta abierta y en presencia del personal educador», lo que «evidencia falta de confidencialidad». Una recomendación que aceptó el Principado que, desde ese momento, «solo habrá presencia de educadores bajo indicación médica». Una medida que ve lógica Rodrigo. «Las consultas son privadas, pero, como ocurre con las visitas de familiares, depende del tipo de condena que tenga el menor y su situación personal en el momento de la consulta».

En la misma línea entiende Rodrigo otra de las quejas del Defensor del Pueblo, que ve «insuficiente el protocolo de prevención de suicidios, especialmente al ingreso, toda vez que únicamente se activa cuando los menores verbalizan una intención autolítica». Explica ella que es «complicado trabajar sin un diagnóstico».

Para el Defensor del Pueblo, es recriminable «que las conductas autolesivas sean sancionadas como infracciones». Desde el Principado se afirma que «las autolesiones que derivan de cuestiones y problemáticas mentales no son objeto de castigo ni de sanción en ningún caso», algo que al equipo de Gabilondo no convence. «Las personas que se autolesionan o corren el riesgo de hacerlo deben ser tratadas siempre desde el punto de vista terapéutico y no punitivo. Si se ha realizado una recomendación tanto a nivel internacional como nacional sobre este tema en el ámbito penitenciario, con mayor razón ha de ser aplicado a niñas, niños y adolescentes privados de libertad».

Y entre otras recomendaciones, cuestiona «que menores hayan sido sometidos a registros que implican un desnudo integral acompañado de la realización de sentadillas». Entiende que es algo «potencialmente degradante» y que se evalúe «caso a caso». El Principado aclara que esos desnudos integrales y la obligación de agacharse «solo se hacen en situaciones extremas y siempre bajo sospechas fundadas de tenencia de objetos y sustancias peligrosas o perjudiciales».