La cesión a Cogersa de la recogida de basura ahorrará 30.000 euros cada año

A priori, el factor económico despunta como el más seductor para el ejecutivo local. Desde que el servicio se privatizase en 2005, la retirada de basura orgánica, actualmente en manos de la empresa FCC, exige el pago de 55.598 euros cada año. Cifra elevada, sí, pero muy alejada de los más de 816.842 euros que la compañía Daorje recibe al año por recoger los residuos sólidos urbanos (RSU). Y no solo eso; a mayores Daorje reclama al Consistorio otros 500.000 euros como ajuste del IPC de los últimos años.

Frente a tales números, Cogersa ha puesto sobre la mesa la realización de ambas actividades por algo más de 843.193 euros por año. Por descontado, los siete trabajadores que conforman la plantilla serían subrogados, conservando sus condiciones actuales; es más, varios de ellos, aún bajo el antiguo convenio firmado con la empresa Urbaser, verían mejorada su situación, al ser equiparada a la de sus compañeros.

Pero las razones por las que el acuerdo con Cogersa resulta más atractivo que mantener la privatización trascienden lo pecuniario. El ente público ya ha adelantado su voluntad de desembolsar casi 40.000 euros anuales para instalar y gestionar sesenta nuevos contenedores, treinta en zonas urbanas y otros tantos en las áreas rurales de Castrillón. Del mismo modo, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de invertir otros 700.000 euros en adquirir dos nuevos camiones, ambos propulsados por gas.

«Tanto los informes económicos y técnicos, como los jurídicos y sociales, son favorables al cambio», planteó ayer las alcaldesa, Yasmina Triguero, durante la presentación oficial del contenido del acuerdo. La suya es una opinión refrendada por todos sus compañeros de equipo; sobremanera, por Iván López, concejal de Medio Ambiente, quien no dudó en sentenciar que, «no existe ninguna razón lógica para oponerse a una acción como esta».

Poco de todo lo anterior, empero, sería inmediato, aun obteniendo el miércoles el apoyo de la oposición. El contrato con Daorje expirará el 30 de abril, y el suscrito con FCC, el 30 de junio, pero solo ese último, que afecta a la basura orgánica, pasaría a manos de Cogersa el 1 de julio. Lo concerniente a sólidos urbanos requerirá una preparación mayor, de hasta seis meses, en los que Daorje estará obligada a seguir prestando el servicio. No obstante, el gobierno propondrá una prórroga de hasta un año.

Casos aparte son tanto la limpieza viaria, como la de playas y vertederos ilegales, tres tareas que ejecuta hoy por Daorje por casi 135.287 euros anuales. La gestión de ellas seguirá siendo privada, aunque fusionadas en un único contrato. Una vez definido el contenido del nuevo pliego se lanzará a licitación.