Ángela Vallina y Yasmina Triguero declaran por una querella de presunta prevaricación

Hace tres años que la promotora inmobiliaria Aldergarten presentó una querella contra la exalcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, por un presunto delito de prevaricación, después de que se denegase la construcción de una promoción de doscientas viviendas en El Espartal, lugar en el que la empresa había adquirido 30.000 metros de suelo edificable hace ahora dos décadas.

Ayer, la exalcaldesa de Castrillón se sentó ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Avilés, junto a la actual portavoz de IU en el Ayuntamiento, Yasmina Triguero, para dar su versión de los hechos. Ambas respondieron únicamente a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero, y del juez, defendiendo que en todo momento se cumplió el convenio que en 2013 el Pleno aprobó para permutar la parcela inicial, declarada urbanizable en 2008 por una sentencia del Tribunal Supremo, por otra junto al Instituto de Salinas, la cual acabó siendo declarada como no urbanizable ese mismo año, algo de lo que la empresa se enteró posteriormente.

La promotora, representada por el despacho Pérez Panizo Asociados, acusa a las exalcaldesas de Izquierda Unida de «engaño, estafa y prevaricación» al denegar la tramitación del estudio detalle del proyecto e impedir así el desarrollo del mismo. La empresa pedía por los hechos más de veinte millones de euros, aunque en la actualidad únicamente pide «justicia».

Las declaraciones transcurrieron de manera tranquila y forman parte de las diligencias previas de la instrucción. Las exalcaldesas de IU destacaron que todas las decisiones que se adoptaron fueron siempre de acuerdo a lo indicado por los técnicos municipales en sus informes previos a cada actuación. Desde el comienzo del proyecto, hace más de una década, Ángela Vallina siempre se mostró contraria a él dadas las dudas del impacto medioambiental que la construcción de los edificios y de un hotel podrían tener en la zona.

En 2017 el entonces portavoz de IU, José Luis Garrido, aseguraba en el Pleno municipal el proceso «lleva veinte años parado y al Ayuntamiento no le ha costado un duro». En 2021, cuando el Juzgado admitió a trámite la querella, el coordinador del partido en Castrillón, Javier Espejo, manifestó que no había ninguna irregularidad en el procedimiento por el que a Ángela Vallina se le imputaran los cargos de los que la empresa la acusa, algo que a día de hoy desde Izquierda Unida siguen manteniendo.

Las declaraciones de ayer suponen el primer paso para retomar un proceso que lleva abierto desde hace años. El asunto se encuentra en fase de instrucción y una vez se practiquen las pruebas que Juzgado considere, se resolverá si sigue adelante con la querella o termina por archivarse finalmente.