El acusado de tener trabajando a trece mujeres en un club de alterne de Piedras Blancas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social reconoció este martes los hechos y aceptó una condena de dos años y seis meses de cárcel y una multa de ocho meses a razón de nueve euros al día por un delito contra los derechos de los trabajadores. En el acuerdo de conformidad entre la defensa del condenado, a cargo del letrado José Ramón Nistal, y el fiscal de la Audiencia Provincial se tuvo en cuenta como agravante la reincidencia y, como atenuante, las dilaciones indebidas.
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El club, que actualmente está cerrado, queda suspendido de actividad y se clausura por tres años. Además, se le impusieron las costas del proceso y, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, deberá indemnizar a la Tesorería de la Seguridad Social en las cantidades que ha dejado de ingresar por el citado delito.
El condenado, que se encuentra en prisión por hechos similares, sufrió una inspección a mediados de marzo de 2019 en el club de alterne que gestionaba en Vegarrozadas desde 2017. Miembros de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Avilés, en compañía de funcionarios de Empleo y Seguridad Social, encontraron trabajando a quince personas, de las cuales una era camarera y el resto, camareras de alterne. Solo dos de ellas estaban dadas de alta. Y de todas ellas había siete que carecían de autorización administrativa para trabajar o autorización de residencia.
La Fiscalía consideró que estos hechos eran constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y pedía inicialmente una pena de cinco años de prisión, con inhabilitación para el sufragio pasivo y la administración de empresas y sociedades durante el tiempo de la condena, y multa de diez meses con una cuota diaria de doce euros.
Esto fue lo único sobre lo que se consiguió una rebaja de la pena, quedando reducida a la mitad en el caso del tiempo de cárcel. El resto, lo referido a la clausura del local durante tres años y la responsabilidad civil con respecto a la Tesorería de la Seguridad Social se mantuvo.
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Tras la ratificación de la conformidad ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el condenado regresó al Centro Penitenciario de Asturias.
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