El Principado se opone a que sigan libres dos empresarios del 'caso Renedo'

El Principado ha pedido a la sala de la Audiencia Provincial que lleva el 'caso Renedo' que dos de los empresarios implicados en el delito de falsedad documental, Maximino Fernández y Antonio José Azorín, cumplan su condena en la cárcel. El procurador de los tribunales que representa al Principado, Ignacio López González, alegó que «la repercusión social» que ha tenido este delito «es motivo suficiente» para oponerse a que se mantengan en libertad, como así lo solicitaron ambos al tratarse de condenas que no superan el año de prisión.

Cabe recordar que para los casos en los que las sentencias quedan por debajo de los dos años y el procesado carece de antecedentes penales se le puede suspender la entrada en la cárcel, según prevé el Código Penal.

De esta forma, el Principado se suma a la petición realizada por Podemos. La formación morada ya solicitó a la Audiencia que no atendiese al citado precepto, y lo hizo al basarse en la decisión que en su día se tomó en Málaga con la tonadillera Isabel Pantoja.

En el supuesto en el que los empresarios queden libres, López González ha solicitado que se incremente la multa o que ambos se vean obligados a realizar trabajos «en beneficio de la sociedad».

La «conmoción» que el 'caso Renedo' «ha causado en la sociedad asturiana y en el seno de la propia Administración del Principado son motivo suficiente para que mostremos nuestra oposición a la concesión del beneficio», señaló López González en los escritos presentado ante la sala, uno por cada condenado.

Del mismo modo, el procurador alegó que «no se puede entender» que se proceda a suspender la ejecución «en atención a la finalidad resocializadora» puesto que tanto Maximino Fernández como Antonio José Azorín «no han asumido su responsabilidad en el daño causado ni han manifestado su arrepentimiento por su conducta». Unos requisitos que, a su juicio, «han de ser previos a su rehabilitación social».

De momento, y para evitar la prisión Azorín y Fernández agilizaron el pago de las multas judiciales que la sentencia les imponía. El primero abonó los 2.520 euros que se le requerían y el segundo hizo lo propio con los 1.800 euros que le corresponden.

Cabe recordar que en el proceso principal a Alfonso Carlos Sánchez, Víctor Manuel Muñiz, Marta Renedo y José Luis Iglesias Riopedre se les impuso multas judiciales que suman 4,28 millones. Todos ellos, al igual que María Jesús Otero, ingresaron en prisión el pasado 7 de octubre.