La Fiscalía recrimina a Riopedre que siga «sin reconocer que cometió un delito»

La fiscal superior del Principado, Esther Fernández, ha justificado que hasta el momento su departamento se oponga a que el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre progrese al tercer grado y salga de la cárcel en la que cumple condena desde otoño de 2019. Fernández considera que en el reo no se dan los requisitos para ese trato: «Se busca la reinserción social del delincuente pero para ello es necesario que haya un reconocimiento del delito, que acepte que ha cometido un delito, y en este caso no se ha producido. Él sigue sin reconocer que ha cometido un delito y, por lo tanto, no muestra arrepentimiento».

La fiscal superior matizó que «hasta ahora» esa ha sido la posición del departamento «porque los informes médico forenses decían que no había riesgo vital ni a corto ni a medio plazo y que podía cumplir la condena en un centro penitenciario y tratar sus dolencias en el mismo, con traslados puntuales al hospital, como así se ha hecho cuando se ha necesitado».

La situación de Iglesias Riopedre contrasta con la de su subordinada, María Jesús Otero, también condenada por la trama de corrupción del 'caso Renedo' pero que sí está pudiendo cumplir la pena fuera de prisión, controlada por una pulsera. «La diferencia con María Jesús Otero es que ésta cumplía condena en un centro penitenciario de Álava y es al Juez y al Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Álava a los que correspondía tomar esa decisión. Si el Fiscal no ha recurrido su pase a tercer grado, sus motivos tendrá, que desconocemos», argumentó la fiscal superior.

La exdirectora general fue la que puso tierra de por medio ingresando en una prisión de otra comunidad, algo que complica las visitas de los familiares y amigos pero permite que el expediente penitenciario sea supervisado por fiscales y jueces menos familiarizados con el caso. Al respecto la fiscal superior, Esther Fernández, asumió que de haber ingresado en la cárcel de Asturias «habríamos mantenido el mismo criterio porque no abonó la responsabilidad civil y no ha cumplido la mitad de la condena».