La Fiscalía rechaza que uno de los empresarios del 'caso Renedo' salga de prisión

El 'caso Renedo' es una trama de corrupción detectada en el Principado en 2010 que más de una década después sigue evidenciando anomalías en el sistema. En esta ocasión en su variante penitenciaria.

Cinco fueron los principales condenados por el Tribunal Supremo en 2019 a penas largas de prisión. Marta Renedo y María Jesús Otero optaron por cumplir la privación de libertad en el centro penitenciario de Álava, más moderno y con una particularidad: su expediente penitenciario pasaba a depender de la Fiscalía de dicha comunidad, es decir, de funcionarios que habían sido ajenos al escándalo social que generó. El resultado es que Otero fue la primera que por motivos de salud y cuidado de familiares obtuvo el tercer grado, a principios de 2021. La medida la decidió por unanimidad la dirección de la prisión, logró el informe favorable de Instituciones Penitenciarias, y la Fiscalía no se opuso a que la mujer siguiera con control telemático cumpliendo su pena.

El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre por su parte, en la misma época, se encontraba en la cárcel de Asturias. La junta de tratamiento solicitaba que también se le concediera el tercer grado dadas las enfermedades graves e incurables que apreciaban y la escasa esperanza de vida que le calculaban. La Fiscalía de Asturias recurrió la medida en varias ocasiones, planteó que al condenado lo revisaran médicos forenses y solo accedió a dejarlo salir tras recibir una carta en la que el interesado mostraba arrepentimiento.

Esa asimetría de criterios acaba de volver a quedar en evidencia. Marta Renedo también optó por cumplir condena en la cárcel de Álava y recientemente la dirección le concedió el tercer grado o semilibertad por su buen comportamiento y el tiempo que ya llevaba entre rejas. Solicitó el traslado a Asturias y sigue cumpliendo su pena controlada por una pulsera telemática. Le queda condena por cumplir hasta el año 2027. Esa es la fecha en la que también cancelará su pena Víctor Manuel Muñiz Menéndez, el exgerente de Igrafo, quien prefirió ingresar en el centro penitenciario de Asturias para facilitar las visitas a su familia.

La junta de tratamiento de la cárcel consideró el mes pasado que dado el tiempo entre rejas que llevaba, su buen comportamiento, el dinero devuelto y el arrepentimiento mostrado, le correspondía pasar al tercer grado o semilibertad, controlado por pulsera telemática. La Fiscalía de Asturias acaba de comunicar que recurre esa decisión. Lo hace, indica, considerando que «no es que haya evolucionado correctamente, es que su actitud y evolución es la propia de un delincuente de sus características, esto es, modo de vida normalizado de una persona que tenía un negocio y que se enriqueció a costa del erario público».

El Fiscal sostiene que conceder a Muñiz el tercer grado del que ya disfruta Marta Renedo sería tanto como obviar «el número de delitos, la gravedad de los mismos y la necesidad de que se cumplan los fines añadidos a las penas privativas de libertad«, entre los que menciona que »la comisión de infracciones penales no sea gratuita o muy beneficiosa«.

La posición del Ministerio Público es que «la aplicación de esta progresión al tercer grado dejaría vacía y sin contenido la pena impuesta, significaría una burla a la sociedad como perjudicada por estos delitos, incrementaría el riesgo de cometer nuevos delitos ante lo irrisorio de la pena y enviaría un mensaje a la ciudadanía de que los delitos cometidos por personas con modos de vida normalizados se castigan insuficientemente, mereciendo la pena el castigo en comparación con lo realizado». El criterio, legítimo, contrasta con el que el propio Ministerio Público viene aplicando a los reos de la misma trama por los mismos delitos y con la misma condena pero que fueron a otras regiones a cumplir su castigo.

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