La instrucción del caso Hulla, a un paso del final tras siete años y una veintena de investigados

Fue precisamente la regulación de la fortuna oculta de 1,2 millones que atesoraba Villa y los 360.000 euros que guardaba su mano derecha, el expresidente del Montepío de la Minería, José Manuel Postigo, lo que motivó el inicio de la investigación por parte del Ministerio Fiscal. Unas pesquisas que llevaron a la Guardia Civil a detectar supuestas irregularidades tanto en la concesión de los más de 30 millones de subvención que sirvieron para sufragar la construcción de la residencia de mayores del Montepío de la Minería, como en las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Aller para poder levantar el equipamiento. Pero también en el sospechoso proceso de adjudicación de los trabajos y en los sobrecostes de un proyecto que terminó costando 32,5 millones de euros, 18 más de lo que debería haberlo hecho, según informes que apuntan a «márgenes escandalosos» y a «comisiones ilegales».

Con esta base policial y la detención simultánea de Villa y Postigo; pero también del propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra, Juan Antonio Fernández; el arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández, arrancaba en 2017 el proceso judicial.

En las últimas semanas, en respuesta a una providencia emitida por la jueza el pasado mes de junio en la que daba por finalizadas las diligencias, al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo han ido llegando una cascada de escritos presentados por los diferentes investigados pidiendo el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.

El último en hacerlo fue el ahora principal acusado, José Antonio Postigo, quien sostiene que no se ha encontrado «la más mínima corroboración» de las afirmaciones efectuadas por quienes ejercen la acusación «en la profunda actividad investigadora que ha sido desplegada», habiendo quedado acreditado, según su defensa, en manos del letrado José Joaquín García Fernández, que el expresidente del Montepío «no es autor de delito alguno y que los hechos objeto del presente procedimiento no son constitutivos de infracción penal». También su compañera sentimental, Dorina Bicher; su exmujer, Elena Pérez, y sus hijas, Elena y Patricia Postigo, todas ellas investigadas en la causa, presentaron escritos similares pidiendo el sobreseimiento de la causa. «Del examen de la totalidad de la prueba practicada solo se puede colegir la inexistencia de indicios racionales de la comisión de un delito y que mis representadas no han sido autoras de infracción penal alguna», reza el escrito de la defensa de Elena Pérez y sus hijas.

Los escritos de la familia Postigo se suman a los ya avanzados por EL COMERCIO el pasado 4 de julio. Esto es, el de la mujer de José Ángel Fernández Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos, Ángela y Ronaldo Fernández, quienes se adhirieron al recurso de apelación que en su momento había presentado Villa para pedir el sobreseimiento libre de la causa, alegando falta de pruebas.

También el abogado de Juan Antonio Fernández Fernández, propietario de Alcedo de los Caballeros, pide el archivo de la causa en relación a su cliente. Argumenta que el informe pericial sobre la construcción de la residencia «redujo considerablemente el porcentaje del supuesto sobrecoste» en el que se basa la querella y también que la «premisa» que se tenía sobre la aplicación de los controles y las normas de la contratación pública en esta obra es «errática». Su socio, Juan Carlos Riera, recrimina que se le haya considerado testaferro en la trama «por el mero hecho de haber recibido el reparto correspondiente de los beneficios de la sociedad». Por su parte, el arquitecto, Manuel Sastre, sostiene que la instrucción ha demostrado su «total ausencia de responsabilidad penal» mientras que, quien fuera asesor jurídico del Montepío, Rafael Virgós, alega que «no hay rastro» de que él hubiera recibido contraprestación alguna.