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Las defensas del 'caso Ardines' se lo juegan todo a dos bazas. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogía la mañana de este lunes la vistilla por las cuestiones previas al juicio en el que, bajo la modalidad del jurado, se tratará de ... dirimir la culpabilidad o no de los cuatro acusados de asesinar al concejal llanisco Javier Ardines en el verano de 2018. Durante la misma, los abogados de las defensas no se salieron del guión y se reafirmaron en los escritos que remitieron hace varias semanas al presidente de la sala y cuyo contenido ya reflejó este diario. Así, una de las principales cartas que los letrados tratarán de jugar en su favor es la petición de nulidad de la declaración que el presunto intermediario, Jesús Muguruza, prestó ante la Guardia Civil en diciembre de 2018 y que fue fundamental para los investigadores a la hora de tirar del hilo y desenmarañar el intrincado caso. «Fue a declarar como testigo cuando la Guardia Civil ya tenía indicios de que podía ser responsable de los hechos y, además, terminó autoinculpándose», explicaban su abogado, Luis Mendiguren, y Fernando Barutell, quien defiende a uno de los supuestos sicarios, Maamar Kelli. «Deberían haber suspendido esa declaración de forma inmediata, pero no lo hicieron, por lo que entendemos que es nula de pleno derecho y, por la conexión de antijuricidad, también lo son el resto de pruebas derivadas de la misma», indicaron.
Si efectivamente el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidiese anular esta declaración, «consideramos que se desmontaría parte de la tesis de las acusaciones», indicaron los letrados. Ya que «fue a raíz de Muguruza que se identifico al señor Djillali Benatia -el otro presunto sicario- y, a su vez, a través de él los agentes llegaron a Kelli».
La segunda carta jugada esta mañana por los abogados defensores es la petición de nulidad del auto de incomunicación dictado por la titular del Juzgado de Instrucción de Llanes cuando Muguruza, Benatia y el considerado inductor del crimen, Pedro Nieva, fueron detenidos el 19 de febrero de 2019. Dicho auto, indicaron los abogados, se basaba en la posibilidad de que los cuatro investigados -Kelli se encontraba en esos momentos preso en una cárcel suiza- conformasen un grupo criminal, sin embargo finalmente la propia jueza instructora terminó desechando esa tesis y cuando dictó la prisión provisional de los detenidos y posteriormente pidió la apertura de juicio oral se limitó a acusarles de asesinato. «No todo vale», apuntó Mendiguren. Y su colega Adrián Fernández, a cargo de la defensa de Benatia, indicó que «fue ese auto el que hizo que mi cliente prestase declaración policial y posteriormente judicial». «Entendemos que los motivos alegados no son tales y que debería habérsele informado debidamente, debería haber tenido derecho a designar abogado, a entrevistarse con él y a no declarar; vamos, los derechos constitucionales que todo detenido tiene», señaló.
De declararse nulo este auto de incomunicación, también lo serían las declaraciones de Djillali Benatia en las que reconoció haber participado en el crimen y acusó a su presunto compinche, Maamar Kelli, de haber sido el autor material de la muerte de Ardines. «Ya se ha retractado y, a través de su abogado, ha dicho que no fue así, sino que hubo coacción policial para que declarase, pero si se anulan esas declaraciones no habría más actos probatorios contra mi cliente», apuntó aquí Barutell.
El abogado de Pedro Nieva, Javier Beramendi, por su parte, interesó como sus colegas la nulidad tanto de la declaración de Muguruza como del auto de incomunicación y, además, volvió a hacer hincapié en la presencia de restos de ADN de una mujer del concejo de Llanes en el escenario del crimen, así como en la existencia de varios conflictos por motivos políticos y laborales en torno a la figura del concejal asesinado. De hecho, en su escrito el abogado pide que se llame a declarar durante el juicio a una larga lista de funcionarios y personas directamente relacionadas con el Ayuntamiento de Llanes.
Javier Ardines fue asesinado a golpes y asfixiado en la madrugada del 16 de agosto de 2018, a escasos metros de su vivienda en Belmonte de Pría, cuando se dirigía a faenar con su embarcación, la 'Bramadoria'. El cadáver fue encontrado a las ocho de la mañana en el camino de acceso a la vivienda por un vecino que salía a pasear con su perro. Tras seis meses de ardua investigación la Guardia Civil detenía a Pedro Nieva, Jesús Muguruza y Djillali Benatia y la jueza instructora solicitaba la extradición de Maamar Kelli, preso en Suiza. Según los investigadores, Nieva descubrió que su mujer, Katia Blanco, y Javier Ardines mantenían una relación sentimental, por lo que decidió acabar con la vida del edil, para lo que pidió ayuda a Muguruza, quien le puso en contacto con los dos presuntos sicarios. Según se recoge en el sumario del caso, Nieva y Muguruza llegaron a viajar con Benatia hasta Belmonte de Pría para darle indicaciones de las rutinas del concejal y planear el crimen. Hace dos semanas el juez decidía prorrogar la prisión provisional a tres de los acusados por considerar que existen suficientes pruebas contra ellos y que podrían intentar fugarse dada la magnitud de la pena a la que se enfrentan, de 25 años de cárcel cada uno de ellos.
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