La sentencia del 'caso Ardines' es en primera instancia. Contra ella cabe recurso, opción que no va a seguir la familia de la víctima, a los que representa el abogado Antonio Pineda. Su posición inicial era reclamar una condena para los cuatro procesados de ... 25 años de prisión, pero el resultado final les convence.
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«Lo hemos hablado y la sentencia se encuentra perfectamente justificada y motivada», indica el letrado. La doctrina que aplica el magistrado-juez Francisco Javier Iriarte para graduar las penas entre los 22 años que impone a los sicarios Maamar Kelii, Djillali Benatia y el autor intelectual, Pedro Nieva, y los 20 en los que deja al conseguidor, Jesús Muguruza, «es un asunto jurídico» en el que los deudos no quieren entrar, una vez acreditado que los cuatro participaron en del asesinato.
Por parte de las defensas la intención reiterada en las últimas horas es la de recurrir la sentencia, algo para lo que la Audiencia Provincial ha dado un plazo inicial de diez días. El primer escalón les lleva a hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Fernando de Barutell, abogado del supuesto sicario Maamar Kelii, expondrá un dato que entiende relevante: «Al jurado se le facilitó para deliverar una documentación que en al menos cuatro folios hace referencia a la confesión que había hecho Jesús Muguruza y que fue anulada por el propio TSJA».
En efecto, el alto tribunal asturiano consideró en su momento que Muguruza se incriminó pero que lo hizo sin la asistencia de un abogado, motivo por el cual anuló esa prueba y la apartó del procedimiento.
El juicio que se ha seguido por el crimen de Ardines estaba así 'saneado', pese a lo cual las defensas han jugado repetidamente la baza de alegar que a sus clientes les fueron vulnerados sus derechos. En el recurso ante el TSJA poco más podrán argumentar al respecto pues el tribunal ya se ha posicionado sobre esa cuestión. Si su decisión tampoco les convence, podrán recurrir de nuevo, ante el Tribunal Supremo, insistiendo en esos argumentos.
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Los recursos posponen el momento en el que la sentencia sea firme, lo que a efectos prácticos supone que el pago de las indemnizaciones a la familia de la víctima deberá esperar. No afecta en nada a la privación de libertad, toda vez que los cuatro condenados estaban ya en prisión provisional desde que fueron arrestados o extraditados. Seguirán por tanto entre rejas.
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