Rechazadas todas las peticiones de nulidad presentadas por las defensas del 'caso Ardines'

Con respecto a la petición de nulidad de los autos de incomunicación dictados por la titular del Juzgado de Instrucción de Llanes cuando Muguruza, Benatia y Nieva fueron detenidos el 19 de febrero de 2019, la Audiencia Provincial no solo avala la decisión judicial, sino que defiende que fue totalmente justificada. Aduce «la naturaleza grave del delito cometido, asesinato» y las «circunstancias subjetivas y objetivas» que concurrieron: pluralidad de autores, con participación de sicarios como ejecutores de los hechos, existencia de posible autor intelectual y cooperador necesario, cuyos grados de participación requerían de concreción a la fecha de la detención. Todo ello, alega, «hacía imprescindible que las diligencias policiales y judiciales dirigidas a su investigación fueran practicadas con el mayor secreto».

En relación a la solicitud de nulidad de la declaración prestada ante la Guardia Civil el 10 de diciembre de 2018 por el presunto intermediario, Jesús Muguruza, y que fue fundamental para los investigadores a la hora de tirar del hilo, más de lo mismo. Mientras las defensas alegan, en esencia, que fue citado como testigo y que la declaración no fue interrumpida para tomarle declaración como investigado, y aseguran que acabó autoinculpándose como consecuencia de las supuestas presiones a las que se vio sometido por la Guardia Civil, la Audiencia Provincial hace suyas las palabras de la Fiscalía y rechaza ese argumento. «Nada de ello resulta acreditado; ni la duración de la declaración ni las presiones denunciadas en este momento procesal. No hay indicio alguno de presión o coacción alguna ejercida por la Guardia Civil sobre el testigo». Además, entiende que no se ha producido ninguna «irregularidad» porque Muguruza declaró inicialmente como testigo por cuanto a priori se desconocía que estuviera implicado de forma activa en los hechos.

En relación a la supuesta declaración bajo presión de Djillali Benatia, la Audiencia niega que pueda concluirse que, el hecho de que reconociera los hechos incriminatorios hacia él, sea «fruto de la vulneración del derecho de defensa». Recuerda que su declaración ante la Guardia Civil fue asistida por un abogado de oficio y, en lo que concierne a la declaración judicial, «la mera presencia de varios agentes de la Guardia Civil, como convidados de piedra y sentados detrás, no implica necesariamente que se generase un efecto de presión apreciable en el declarante».

Sobre las escuchas telefónicas, el tribunal considera que en la investigación «concurren todos los requisitos que vienen exigiendo el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para la validez constitucional de esta injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones».

Frente a este auto las defensas pueden interponer recurso de apelación dentro del plazo de cinco días ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Javier Ardines fue asesinado a golpes y asfixiado en la madrugada del 16 de agosto de 2018, a escasos metros de su vivienda en Belmonte de Pría, cuando se dirigía a faenar con su embarcación, la 'Bramadoria'. El cadáver fue encontrado a las ocho de la mañana en el camino de acceso a la vivienda por un vecino que salía a pasear con su perro. Tras seis meses de ardua investigación la Guardia Civil detenía a Pedro Nieva, Jesús Muguruza y Djillali Benatia y la jueza instructora solicitaba la extradición de Maamar Kelli, preso en Suiza. Según los investigadores, Nieva descubrió que su mujer, Katia Blanco, y Javier Ardines mantenían una relación sentimental, por lo que decidió acabar con la vida del edil, para lo que pidió ayuda a Muguruza, quien le puso en contacto con los dos presuntos sicarios. Según se recoge en el sumario del caso, Nieva y Muguruza llegaron a viajar con Benatia hasta Belmonte de Pría para darle indicaciones de las rutinas del concejal y planear el crimen. Los acusados, en prisión provisional, se enfrentan a 25 años de cárcel cada uno