Una Casa de los Niños para víctimas de agresiones sexuales

Los derechos de la infancia, ha dicho, «se presentan como uno de los ámbitos en los que se han de promover actuaciones con un enfoque multidisciplinar y transversal para las víctimas menores de violencia sexual». Y el camino que plantea para hacerlo es «la puesta en funcionamiento de 'Barnahus', Casa de los niños y las niñas en islandés, modelo de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de agresión sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo par atender a la víctima, modelo aún no implantado en nuestra comunidad y que considero imprescindible».

Avalado por Save The Children, se trata de una casa que, según la organización, «está lejos de las comisarías y hospitales, cuenta con un entorno amigable para los niños, con decoración adaptada a su edad y profesionales especializados en victimilogía infantil».

En su intervención, la fiscal superior ha asegurado que, según las cifras de 2023, se mantiene un importante número de delitos contra la libertad sexual de niños y adolescentes. Y también ha advertido que «sigue siendo preocupante el aumento de los delitos relacionados con la divulgación de fotos o videos íntimos en las redes sociales, y más si tenemos en cuenta que las causas que se denuncian representan seguramente un porcentaje pequeño de la realidad».

Prendes ha mencionado también que continúa «la tendencia creciente en el volumen de asuntos de violencia de género y, dentro de estos, las denuncias por agresiones sexuales y los delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar». De hecho, el número de diligencias previas incoadas se duplicó con respecto a 2022 y lo mismo sucedió con las diligencias urgentes. En total, se formularon 1.409 acusaciones, «superando con creces las 822 del año anterior».

Es por ello que la fiscal propone «la ampliación del ámbito competencial de la Sección de Violencia de Género», que va a asumir «la llevanza de todos los procedimientos por delitos contra la libertad sexual de la mujer», sean o no dentro del ámbito de la pareja y, posteriormente, también los de violencia doméstica, «actualmente dispersos por los distintos juzgados de instrucción».

En general, la fiscal apuesta por la «especialización» y considera necesario abordar la creación de una Sección Civil, que no aborde exclusivamente las cuestiones de Derecho de Familia, sino que esté coordinada con violencia de género, protección de personas con discapacidad y de mayores. También quiere incluir la protección de consumidores y usuarios.

Otro de los objetivos que se ha marcado es «impulsar la mediación familiar por derivación judicial» y «colaborar en la implantación de un protocolo para la prestación de estos servicios desde el convencimiento de que mejoran la calidad de la respuesta judicial y la vida de las personas».