La cárcel de Asturias se quedará en mayo con un solo médico para sus mil reclusos

Los datos son elocuentes. En la penitenciaria de Asturias hay nueve puestos de facultativo, de los que están vacantes, por jubilación o traslado, siete. La situación tiene visos de empeorar en mayo, cuando uno de los dos médicos del centro acceda a la jubilación. Quedaría así un solo facultativo asignado a una cárcel que, según las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias, alberga a 1.044 reclusos, entre preventivos y penados.

El problema es general. El sindicato Acaip reveló el pasado año que de las 525 plazas de médico que hay en las cárceles gestionadas por el Ministerio del Interior hay 328 vacantes. El Colegio de Médicos de Asturias asegura que «en el primer cuatrimestre de 2024 solamente quedarán cien médicos con oposición de los 500 con los que resurgió la sanidad penitenciaria». El ratio nacional era de un facultativo por cada 200 reclusos, proporción que, queda visto, en el centro asturiano hace tiempo que se pulverizó.

La falta de médicos tiene consecuencias directas en el día a día penitenciario, al decir de los sindicatos. «Es un peligro, para nosotros y para los reos», aseguran desde CSIF. «Cuando hay un altercado y tienes que llevar al interno a aislamiento, necesitas que el facultativo cubra el parte de que no presenta ninguna dolencia incompatible con esa situación, y en muchos momentos es que no lo tenemos», indican.

El centro intenta capear la situación como puede. El subdirector médico está cubriendo guardias y también se está tirando de telemedicina en forma de guardias sin presencialidad. La cárcel tiene diez puestos de ATS, todos cubiertos, y nueve plazas de enfermeros, con dos vacantes.

El problema de fondo es que el Ministerio del Interior saca a concurso estos destinos, pero la mayoría de los puestos quedan sin aspirantes. Los profesionales tienen un salario, progresión y estabilidad mejor en los sistemas autonómicos. Los puestos en la prisión dependen del ministerio, mientras la sanidad pública, como servicio transferido, ha sido objeto de mayor reivindicación y alza de retribuciones. Hoy un facultativo que se inicia en atención temprana asturiana cobra unos 51.818 euros al año, frente a los 30.100 de quien entra a trabajar en las prisiones.

Desde Instituciones Penitenciarias señalan que su línea de trabajo prioritaria pasa por hacer cumplir la Ley 16/2003 de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Esta norma daba un margen de 18 meses para integrar los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional «conforme al sistema de traspasos establecido en los estatutos de autonomía». Es decir, traspasar esta competencia a las comunidades. Por ahora solo Cataluña, País Vasco y Navarra se han hecho cargo del servicio.

El Principado viene respondiendo a las preguntas parlamentarias que se han interesado por este tema asegurando que hay contactos, pero nada se cierra. «El presidente del Principado, en su última visita al centro, les dijo a los presos que ellos no eran ciudadanos de segunda. Si de verdad lo piensa, en esto tiene una oportunidad de demostrarlo», indican desde CSIF.

Desde Instituciones Penitenciarias indican que en 2018 contactaron con todas las comunidades para negociar esta transferencia y que, en tanto no llega, hacen los refuerzos posibles. En verano contrataron 33 interinos y está en proceso un refuerzo adicional de 20 más.

Esto en cuanto a la medicina general. Hay seis especialistas del HUCA que acuden a la cárcel a revisar a los reos, tropezando con el problema de que no pueden acceder a su historia clínica. Para solventar esta incomunicación Instituciones Penitenciarias y el Principado tienen pendiente de firmar un convenio que permita compartir esos historiales.