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AIDA COLLADO
GIJÓN.
Miércoles, 28 de noviembre 2018, 03:27
Si en algo coincidieron ayer todas las administraciones y organismos sanitarios fue en restar importancia a las incidencias derivadas de las supuestas irregularidades en el control de implantes y prótesis sanitarias. La propia ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, salió al paso de las informaciones que apuntan a que más de 25.000 personas en España pueden haber tenido o sufrido en estos momentos daños en su salud por el fallo de dispositivos. Explicó que en el país se colocan más de un millón de implantes quirúrgicos al año y, sin embargo, las notificaciones ante la sospecha de algún tipo de incidente «son puntuales y anecdóticas». En el pasado ejercicio se registraron 4.800 notificaciones -desde dispositivos sanitarios hasta aparatos, pasando por implantes, prótesis, órtesis y otros productos, como apósitos-, que después han de ser investigadas para identificar la existencia de una relación causal.
Ante los datos arrojados por la investigación, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participaron en España 'El Confidencial' y La Sexta, y que apuntaban a fallos en dispositivos anticonceptivos, prótesis mamarias, de cadera, de rodilla, lentes de contacto e intraoculares, marcapasos y desfibriladores, entre otros, la ministra quiso pedir «tranquilidad». En este sentido, informó de que «en España existen controles añadidos a los de la Comisión Europea» y, además, se está colaborando con otros países de la Unión.
«Hay una actitud positiva para mejorar los controles. Nosotros, España, dentro de nuestras competencias y responsabilidades sanitarias, acabamos de tener una reunión con las sociedades científicas que más utilizan este tipo de dispositivo y hemos recibido sus sugerencias con las que vamos a trabajar», amplió. De hecho, el ministerio ya se reunió en la tarde de ayer con algunas asociaciones de pacientes.
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En Asturias, la Unión de Consumidores ya se había interesado por el tema un día antes. Su presidente, Dacio Alonso, preguntó durante el Consejo de Salud al consejero Francisco del Busto por las posibles irregularidades en el Principado, pero el Gobierno regional negó tener conocimiento de ningún caso en la región. Preguntado por EL COMERCIO, el Ejecutivo remitió a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Su directora, María Jesús Lamas, invitó a contextualizar los datos e incidió en que los incidentes son «excepcionales», si se tiene en cuenta el uso masivo de los implantes de productos sanitarios. Aunque matizó que cada una de las notificaciones, de forma individual, «es muy importante para el ministerio y merece reacción».
La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Corina Escobar, solicitó «más control» y la creación de mecanismos para que los afectados puedan denunciar, al igual que los hay cuando un fármaco provoca efectos secundarios. «Todo esto, la dejación de funciones y de control, es historia antigua», sentenció, por su parte, la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Asturiana, Susana Pérez-Alonso.
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